Un total de 9.604 personas se beneficiaron en 2015 de las ayudas de emergencia social que el Gobierno de Nafarroa concedió en octubre a las entidades locales para cubrir necesidades básicas de alojamiento, energía, suministros, nutrición, salud y educación.

De ese total de 9.604 personas, 3.709 eran menores, según han informado en conferencia de prensa el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y la directora general de Inclusión y Protección Social, Gema Mañú.

De un presupuesto total de dos millones de euros para ayudas de emergencia social, el Gobierno foral gastó 1.569.480 euros que, sumados a las aportaciones de los ayuntamientos, elevaron la cuantía de las ayudas a 1.685.474 euros.

La mayor parte, 960.136 euros en total (57%), se ha destinado a necesidades relacionadas con la vivienda (pago de alquiler u otros tipos de alojamiento e hipotecas) o al abono de diferentes suministros, principalmente de energía, con un 44,9% (756.139 euros) y un 12,1% (203.996 euros) del gasto, respectivamente.

A nutrición y salud (gastos de alimentación diaria e higiene) se han destinado 437.433 euros (26%), a educación e integración sociolaboral, 96.488 euros (5,7%), y a la cobertura de otras necesidades básicas, 191.415 euros (11,4%).

En total, 3.240 unidades familiares han recibido algún tipo de ayuda de emergencia. Un 60% de las ayudas (1.094.700 euros) ha ido destinado a unidades familiares con menores a cargo.

Mejoras

Según ha explicado Mañú, el 93% de entidades locales han realizado una valoración positiva de la medida y han planteado mejoras, como convocar las ayudas cuanto antes para que estén disponibles todo el año y ampliar las mismas, así como añadir conceptos y cuantías subvencionables, entre otras.

En este sentido, Laparra ha anunciado que en las próximas semanas se pondrá en marcha la convocatoria de ayudas para 2016, dotada con dos millones de euros, una cantidad que ha reconocido que «seguramente» es escasa para atender las situaciones de emergencia social, por lo que ha considerado que habría que plantear un «dimensionamiento» de esa cifra en el futuro.

Por otra parte, Laparra ha anunciado que ya se han puesto en marcha dos convocatorias de ayudas, por un importe de 1.451.000 euros, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para proyectos de inclusión social y promoción de los grupos de población más vulnerables, y para el fomento del empleo en personas perceptoras de renta de inclusión social.

La primera está dotada con 684.000 euros (375.000 más que en 2015 ), que se destinarán a la participación en centros ocupacionales de inserción (30.000 euros); a plazas residenciales (130.000); y a la cobertura de necesidades alimentarias (80.000).

También se destinarán al acompañamiento social especializado –no cubierto por los servicios públicos– de personas que ejercen la prostitución (150.000 euros); la promoción social de la población gitana (174.000); y actuaciones socioeducativas para personas presas o expresas (120.000).

La segunda convocatoria tiene como objetivo la mejora del acceso al empleo y contratación de personas en situación de exclusión social, que no pueden utilizar los recursos ordinarios para tal fin.

Contempla dos modalidades, la primera, dotada con 367.000 euros, de ayudas a itinerarios personalizados de atención, acciones de búsqueda activa de empleo e intermediación laboral, formación prelaboral adaptada y formación ocupacional y prácticas en empresas.

La segunda modalidad, para la que se reservan 400.000 euros, se dirige a la contratación, prioritariamente, de perceptores de la renta de inclusión social, con una subvención por puesto de trabajo de hasta el 140% del salario mínimo interprofesional, incluyendo prorrata de pagas extras y seguridad social. Los contratos deberán tener una duración mínima de 6 meses e incluirán actividades formativas o de habilidades prelaborales.

Ambas convocatorias se financian con el porcentaje que los contribuyentes destinan a fines de interés social, al amparo de la Ley Foral por la que se regula la asignación del 0,7%.