En Julio de 2013, el Gobierno australiano firmaba un acuerdo con Papua Nueva Guinea por el cual los solicitantes de asilo que se dirijían a Australia serían reenviados a un centro ubicado en la isla de Manus en Papua. Este acuerdo, que se suma al que ya firmara con Naru, implicaba una política de asilo que, a pesar de ser contestada desde ACNUR, ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema de Australia en junio de 2014.

Esa externalización del derecho de asilo comienza en septiembre del año 2001 cuando Australia denegó el acceso a sus costas del ‘Tampa’, un barco de bandera noruega con el único fin de evitar el examen de las solicitudes de asilo de las 460 personas que se encontraban a bordo. La solución consistió en el establecimiento de una autodeclarada zona de migración australiana que incluía más de 3.500 islas, más allá de la cual las personas interceptadas sólo podrían presentar solicitudes de asilo fuera de las fronteras australianas.

El periodista Paul Collier en su libro Éxodo: inmigrantes, emigrantes y países describe la situación creada por el ‘Tampa’ como un dilema moral para el gobierno australiano: si auxiliaba al barco los refugiados conseguían su objetivo, dejar que el barco se hundiera era difícilmente justificable; finalmente opta por una solución intermedia. Un dilema moral plantea una situación posible de suceder en la realidad cotidiana pero que resulta ser conflictiva desde el punto de vista moral.

La firma del 18 de marzo por parte de la Unión Europea de un acuerdo con Turquía para externalizar el derecho de asilo a ese país tras considerarlo “tercer país seguro” entra en esta categoría de dilemas sin dejar por ello de ser falsos dilemas morales. Porque una mínima moral kantiana debería obligar a los responsables gubernamentales a discutir cómo salvar vidas en primer lugar y cómo hacer efectivo el ejercicio de un derecho (el asilo) a continuación.

A nadie le sorprende a estas alturas comprobar que nada de esto se va a hacer. Lo sorprendente es ver que los 28 se han puesto de acuerdo en una medida de este calado. Y es que cada vez es más destacada la tendencia a que cada estado fije sus propios principios de funcionamiento en materia de política migratorio pasando por encima de normas comunes de gran trascendencia que no hacen sino golpear y resquebrajar la arquitectura de la policita común europea en materia de inmigración y asilo.

Aunque no hay un acontecimiento claro que marque este cambio de rumbo, es importante recordar lo ocurrido en el verano del año 2010 a raíz de las expulsiones colectivas de ciudadanos rumanos por parte del gobierno francés. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, criticó las expulsiones y evocó a lo ocurrido en la II Guerra Mundial con las deportaciones de judíos. Pero en octubre la Comisión Europea aceptó como bueno el proyecto de ley de París en el que se adaptaba la directiva sobre la libre circulación de personas y el calendario para ello, poniendo así punto final a las investigaciones que estaba desarrollando y renunciando al procedimiento sancionador contra Francia.

Desde entonces, la inmigración y por ende el asilo se desarrollan en una suerte de política de ‘Buffet libre’, cada vez más indisimulada y atrevida. Con grandes dosis de repliegue estatal y nacionalismo policial Schengen ha quedado irremediablemente desfigurado. No en vano, un refugiado no tiene un proyecto migratorio, (sin perjuicio de que lo realice una vez asentado en el país de acogida); solo es portador de un derecho reconocido por 147 países y plasmado en la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York. Si se le despoja de este derecho se convierte automáticamente en un intruso y la frontera despliega todo su potencial.

Ocurre que este repliegue identitario combinado con el control territorial al margen de la UE (pensando que la ineficacia comunitaria se suple reforzando el orden público nacional) adquiere una relevancia desproporcionada ante atentados terroristas como los vividos en París y Bruselas. Este tipo de ataques indiscriminados a la población europea van a repetirse y la respuesta será el cuestionamiento del islam como elemento inintegrable en una ceremonia de confusión aprovechada para lanzar mensajes xenófobos y racistas. Refugiados, islam y terrorismo configuran un Triángulo de las Bermudas cuyo interior está ocupado por el no derecho y el odio al diferente.

No hay una instancia judicial que pueda condenar a la Unión Europea por un delito de omisión de socorro. La ciudadanía debe elegir entre la indiferencia y la protesta en forma de solidaridad y reconocimiento del derecho al asilo. Muchos de los derechos que hoy disfrutamos se han logrado gracias a que otras mujeres y hombres se sacrificaron para conseguir su reconocimiento (movimiento sufragista, Chicago 1877, etc.) El 18 de marzo es el principio del fin del derecho de asilo en la Unión Europea y la respuesta ciudadana es lo único que puede evitar su desaparición.