El acuerdo Turquía y Unión Europea ha atrapado a decenas de miles de refugiados en Grecia. Unos 50.000 llegados antes del 20 de marzo no pueden ser deportados a Turquía. Se hallan con las fronteras colindantes cerradas y en un limbo irresuelto por la UE, reacia, pese a las críticas de ayer de la ONU, a acoger más refugiados. Quienes llegaron después del día 20, que ya son miles y cada día más, son detenidos y presionados para pedir asilo en Grecia o aceptar la deportación directa.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, apoya a refugiados desde las guerras balcánicas de los 90 hasta hoy, en las islas griegas. Es de los pocos que ha accedido al campo de Moria, en Lesbos, convertido desde hace 10 días en una cárcel donde al menos 1.000 refugiados, de todas las edades, permanecen arrestados y privados de derechos legales, comida suficiente, calefacción y una cama. «No puedes detener a familias con menores salvo extrema necesidad y por el período estrictamente necesario», denuncia el maestro y también ex letrado del Tribunal Constitucional, quien prosigue: «Durante la detención debe haber profesores en el centro, porque no se puede negar el derecho a la educación. En la UE, un niño internado, sin colegio, es una violación de Derechos Humanos». Urías añade que en Moria hay cerca de 130 menores no acompañados de adultos.

La educación, de acuerdo con Joaquín Urías, no es el único derecho básico vulnerado en Moria. En el centro de detención –«y porque ACNUR lo exigió en privado», recalca– se entrega a los internos un folleto en inglés que los declara «oficialmente arrestados». Se les asegura que tienen derecho a un traductor –no los hay de algunos idiomas– y a un abogado, el cual les exigen costear. «Esto es un caos legal», sentencia Joaquín Urías. «Un abogado puede presentar, por ejemplo, un habeas corpus –un recurso contra el arresto arbitrario–, exigir que los arrestados no tengan que dormir en el suelo, que se lleve a los niños al colegio… Por Ley, los refugiados tienen derecho a un abogado de oficio». El abogado es necesario para enfrentarse con garantías al proceso de asilo, teniendo en cuenta que se anunció el inicio de las deportaciones a Turquía para el 4 de abril.

«Un proceso de asilo puede durar como mínimo dos meses, y ya finiquitarlo en ese tiempo sería una barbaridad legal. Además, se requieren funcionarios y jueces», recuerda el docente. «Se debe leer una a una cada solicitud de asilo. Así que incluso trayendo 4.000 funcionarios a Grecia, como prometió la UE, dos meses es poco tiempo para gestionar el volumen de solicitudes de asilo que pueden llegar».

El lunes pasado, Moria había registrado 975 peticiones de asilo. El inicio de esta semana ha traído una nueva oleada de barcas con refugiados desde Turquía. En 24 horas, hasta ayer por la mañana, 766 personas alcanzaron las islas de Lesbos, Samos, Chios y Kos. De prolongarse esta tendencia, advierte Joaquín Urías, no sólo Moria se quedará pequeño, sino que todo el pacto Turquía – UE puede colapsar.

«Pongamos dos meses para tramitar cada petición de asilo. Llegando mil personas al día… imposible tramitarlas», opina el ex letrado. A menos, concluye, que Grecia apruebe una nueva ley que rechace de pleno el asilo, especialmente a los considerados menos vulnerables, como paquistaníes, marroquíes o argelinos. Urías concluye que «la UE sólo tiene un objetivo político: evitar un efecto llamada. La única forma de que el acuerdo funcione es que no lleguen más barcas».