En suelo griego nadie sabe, nadie
contesta. Desde el domingo pasado,
cuando entró en funcionamiento el
controvertido acuerdo entre Turquía
y la Unión Europea, las víctimas del
pacto y sus dudas se acumulan dentro
de la alambrada del campamento
de refugiados de Moria, convertido
en un centro de detención en toda
regla. La incertidumbre reina en
un escenario cargado de indicios de
que el pacto, que Bruselas ha presentado
como una construcción sólida,
no es más que un castillo de naipes.
Alí, un joven paquistaní de la inflamable
región del Punyab, llegó hace
casi un mes a la isla de Lesbos desde
Turquía. Según explica, los guardacostas
griegos interceptaron en alta
mar su barca, con 75 personas a bordo.
Ya en tierra, pasó 20 días en un
campo operado por voluntarios internacionales.
Hace cinco días, la policía
griega lo detuvo e internó en
Moria. Allí, lamenta, debe dormir en
el suelo junto a 1.400 internos de Afganistán,
Siria, Sierra Leona o Irak.
«Nadie me ha explicado bien mi
situación. Nadie aquí dentro habla
urdu, mi idioma», trata de expresarse
Alí en un inglés precario. A pesar
de su evidente incompetencia lingüística,
este paquistaní muestra un
folleto, escrito en inglés, encabezado
por un epígrafe que reza: «Usted ha
sido legalmente arrestado tal y como
se le ha informado en el momento de
su arresto». Uno de los muchos puntos
de dudoso cumplimiento que
contiene el papel es: «Usted tiene derecho
a contactar con un abogado».
«Sí que tienen derecho a un abogado,
pero se les exige que lo paguen,
algo que contradice la ley griega,
que exige que sea gratuito», critica
Emmanouil N. Chatzichalkias, un
abogado local que trata de asistir a
los damnificados por el acuerdo sobre
los refugiados. Ni a Alí, ni a
Hamza, ni a Alaa, ni a otros inquilinos
del hotspot – así denomina la UE
a este complejo de habitáculos prefabricados
cercado con alambre de
espino– se les ha ofrecido abogado.
Desde el domingo pasado, fruto
del acuerdo entre Ankara y Bruselas,
todo el que llegue a Grecia irregularmente
debe ser deportado a Turquía.
Antes, sin embargo, deberán ocurrir
dos cosas: se tendrá que ofrecer a cada
uno solicitar asilo y Grecia deberá
cambiar su ley migratoria. Expertos
temen que eso último sirva para
calificar Turquía como «país seguro»
y así sistematizar las deportaciones
sin atender la situación crítica de cada
solicitante de asilo.
Quienes alcanzaron Grecia antes
del domingo pasado se topan con un
escenario todavía más incierto. Para
responder al temor turco de que
Grecia le colara más deportados de
la cuenta, Atenas ha empezado a
evacuar a campos continentales griegos
a quienes llegaron antes del inicio
del pacto. En consecuencia, se estima
que hay unas 50.000 personas
en un limbo: registrados en Grecia,
muchos sin solicitud de asilo en proceso
y rodeados de fronteras cerradas,
como la Macedonia.
Numerosos arrestados en Moria
han explicado a EL MUNDO que los
funcionarios del campamento, a cargo
del Gobierno griego, les han ofrecido
solicitar asilo en Grecia –lo que,
según un protocolo europeo, les permitiría
asentarse sólo en ese país– o
bien aceptar ser deportados directamente
a Turquía. Esta disyuntiva se
plantea sin asesoramiento legal y sin
detallar sus plazos de ejecución. Las
entrevistas personalizadas, necesarias
para procesar la solicitud de asilo,
no han empezado en Lesbos.
Algunos refugiados explican que
se les ha dicho que su solicitud de
asilo se resolverá en cosa de semanas,
un plazo ambicioso para lo que
es habitual y más teniendo en cuenta
la raquítica burocracia griega. En
cambio, expertos como Chatzichalkias
opinan que justo la incapacidad
administrativa estatal –a pesar de la
tropa de funcionarios prometida por
Bruselas, cuya llegada no se ha confirmado–
puede saturar la maquinaria
y devolver a Grecia al caos de finales
de 2015.
«Moria se copará y, con la mejora
del clima y viendo la incertidumbre,
muchos más refugiados tratarán de
hacerse a la mar», opina el letrado.
Sin ir más lejos, sólo desde el último
domingo hasta anteayer arribaron a
las costas griegas 2.879 personas,
según Naciones Unidas. Son cifras
inferiores a las de otros períodos
anteriores –cuando no patrullaban
por aquellas aguas el imponente
músculo militar que hay ahora– pero
no despreciables.
Pese a que varias ONG redujeron
su actividad en Moria como protesta
por la detención de sus inquilinos,
ACNUR asegura que se siguen cubriendo
sus necesidades básicas.
«No hemos visto un gran número de
llegadas en los últimos días debido,
en parte, al mal tiempo», indica Boris
Cheshirkov, portavoz de ACNUR,
quien reconoce: «En octubre pasado
llegaban cerca de 10.000 personas
en un solo día. Si estos números reaparecen
sería una situación difícil para
el Gobierno y para nosotros».
Policías griegos montan guardia frente al campo de Moria (Lesbos), durante una manifestación de refugiados para protestar por el acuerdo entre la UE y Turquía para devolverles.