Los ministros de Interior de la UE enviaron ayer desde Bruselas un mensaje de unidad, apoyo incondicional y respaldo al Gobierno belga e hicieron la promesa, una más, de poner en marcha lo antes posible toda la batería de medidas contra el terrorismo de las que llevan hablando meses si no años pero que todavía no han visto la luz. «Estamos convencidos de la necesidad de combinar los esfuerzos nacionales, con carácter de urgencia, para investigar las redes implicadas en los ataques de París y Bruselas», señala la declaración conjunta.

En realidad, el encuentro de los ministros tenía más carácter simbólico que significado per se. Los titulares de Interior escucharon al belga Jan Jambon explicar la situación, intentando justificar los fallos en la seguridad y tranquilizando a sus socios asegurando que las fuerzas policiales son perfectamente capaces de hacerse cargo, algo que muchos dudan. El propio Jambon, apenas unas horas antes, había presentado su dimisión, que no fue aceptada por el primer ministro, Charles Michel. Pero no había una agenda, no tomaron ninguna decisión ni pudieron desbloquear medidas concretas.

«Hemos de pasar de las musas al teatro. Tenemos identificadas las medidas necesarias contra la guerra que nos han declarado los terroristas. No podemos ir a remolque para ir implementándolas. Hay que hacerlas ejecutivas y no esperar a que por desgracia tengan que producirse ese impulso», instaba a la entrada el español Jorge Fernández Díaz. «La Europa que se batió contra el nazismo tiene hoy un nuevo desafío y no tenemos derecho a perder tiempo», coincidió el francés Cazeneuve.

Esas medidas están identificadas, prometidas desde enero de 2015 , tras la masacre de Charlie Hebdo y el supermercado judío, pero ninguna realmente importante ha entrado en vigor. ¿Por qué? Hay sobre todo dos obstáculos. El primero, el proceso legislativo europeo, que frena decisiones en caliente y que para muchas cosas requiere el visto bueno del Parlamento Europeo. Por ejemplo para el llamado PNR, el registro de pasajeros de aviones sobre el que había profundas reservas. En los próximos días Manuel Valls, el primer ministro francés, acudirá a Estrasburgo para «presionar» a los eurodiputados. Y el alemán Thomas de Mazière lo dejó muy claro en Bruselas : el derecho a la privacidad es secundario.

El segundo obstáculo se trata de confianza y es algo estructural, que afecta a lo más profundo de la estructura de los Estados. Los países no se fían entre ellos y no comparten la información más sensible, la Inteligencia más delicada, unos con otros. No toda y desde luego no siempre. «Uno no sabe dónde va a acabar lo que se pase, si en las manos adecuadas o en las equivocadas», admitía recientemente un ministro europeo.

Hay mucha más coordinación que en el pasado, es evidente, y se está trabajando en bases de datos de los 28 Estados miembros. Hay comunicación permanente y sintonías más fuertes entre algunas naciones. Europol ha creado un centro contra el terrorismo bajo el paraguas de su organización y dirigido por un español. Pero no basta y todos son conscientes de ello. Lo ocurrido con la deportación de Ibrahim El Bakraoui desde Turquía es un buen ejemplo. «A veces hay una falta de voluntad política, de coordinación y de confianza», admitió el comisario Avramopoulos, responsable de Interior. «No podemos hablar de UE sin cooperación sin compartimentos estancos y de manera muy especial en la información y la inteligencia. Hay que compartirla. No voy a señalar a nadie en particular pero lo que es seguro es que España está cumpliendo sus deberes», insistió Fernández Díaz.

La «declaración institucional» de los ministros es apenas un folio con nueve puntos, redactada por la presidencia de turno de la UE: Holanda. Toda la batería de medidas puede ser de ayuda, pero sin la voluntad política necesaria para el intercambio de información seguirá habiendo siempre una zona gris peligrosa. «No será fácil, los servicios son reacios», reconoció Fernández Díaz. «El terrorismo es rápido y Europa muy lenta», zanjó el italiano Angelino Alfano.