Polonia anunció ayer como reacción a los atentados en Bruselas que no acogerá a los 7.500 refugiados que se comprometió a recibir en negociaciones con la Unión Europea y que sopesa la posibilidad de cancelar la Jornada Mundial de la Juventud el próximo julio en Cracovia, encuentro al que se prevé asista el Papa Francisco.

«Los atentados en Bruselas obligan a revisar el formato de la Jornada Mundial de la Juventud», afirmó Pawel Soloch, asesor de seguridad presidente polaco Andrej Duda. Soloch declaró que «esto no significa que se esté pensando en una cancelación» de esa cita, a la que se espera acudan unos dos millones de jóvenes de todo el mundo, aunque «tampoco es algo que se pueda descartar», advirtió.

Lo que ya es seguro es que el Ejecutivo de Beata Szydlo no respetará la cuota de acogida de refugiados pactada con la Unión Europea por el gobierno de su predecesor, el conservador-liberal Ewa Kopacz. «No veo ninguna posibilidad de que los refugiados vengan a Polonia», tras los atentados perpetrados en Bruselas, sostuvo Szydlo en declaraciones a la cadena de televisión Superstacja. Szydlo, testaferro político del ultraconservador y nacionalista líder del partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kacynski, ya esgrimió reticencias al sistema de cuotas de acogida negociada por Kopacz durante las elecciones de octubre, ganadas por mayoría absoluta por el PiS.

De los 7.500 refugiados que Polonia se comprometió a acoger, 400 deberían llegar a suelo polaco este a lo largo de este año. El asesor de seguridad presidencial también ha advertido de los riegos que se derivarían de la creciente llegada de refugiados musulmanes, entre ellos el terrorismo y la creación de sociedades paralelas, pues «la llegada de refugiados nos obligará a estar siempre vigilantes a que 10.000 no se conviertan en 100.000», afirmó Soloch a la televisión TVN24.

La Jornada Mundial de la Juventud a a finales del próximo mes de julio en Cracovia va precedida, dos semanas antes, de la cumbre que celebrarán los países miembros de la OTAN, dos citas que incrementarán los desplazamientos a Polonia y a los que este país responderá con la introducción de fuertes controles fronterizos.

Mientras, el pacto firmado entre Turquía y la Unión Europea empieza a materializarse sobre el terreno. Los campos de registro y tránsito de Lesbos con carácter abierto (Moria y Kara Tepe) han sido vaciados para convertirse en «centros de detención cerrados», como lo ha denominado Médicos Sin Fronteras. Ante ese cambio, la ONG ha decidido dejar de operar en ambos campos. «Continuar trabajando en el centro nos haría cómplices de un sistema que consideramos injusto e inhumano», afirma Marie Elisabeth Ingres, coordinadora general de MSF en Grecia.

En la misma línea se ha expresado ACNUR, que también dejará de trabajar en Lesbos: «No somos parte del acuerdo UE-Turquía, ni participaremos en retornos o detención», afirman en un comunicado.

Estas dos organizaciones siguen desplegadas en Idomeni a pesar de la situación crítica que se vive allí, donde un número estimado de entre 10.000 y 12.000 personas, entre ellas unos 4.000 niños, acampan en precarias condiciones en un asentamiento informal junto a la frontera, próximo a las vías férreas. Alrededor de 500 refugiados instalados en el centro de acogida de Nea Kavala, a unos 20 kilómetros de la frontera, bloquearon ayer la carretera que une Salónica con la frontera macedonia. Otro grupo avanzó hacia la aduana fronteriza, donde protestó frente a los antidisturbios.