La comunidad educativa no aprueba el protocolo de la Generalitat para que los docentes vigilen el auge del yihadismo en las aulas y estén atentos a los cambios de comportamiento, vestimenta o hábitos en sus alumnos. Los profesores y la mayoría de las asociaciones de padres critican la medida, que también rechaza la Comisión Islámica.

El plan que la Generalitat y los Mossos d’Esquadra se encuentran redactando, y que ayer publicó EL MUNDO, afecta directamente a unos 75.000 estudiantes de origen musulmán, el 5% del total de la población escolar, uno de los porcentajes más elevados de España. Pero no ha sido sometido a consulta de los docentes, ni de las familias, ni de los propios musulmanes, según denuncian estos colectivos, que consideran que el protocolo, entre otras cosas, «estigmatiza» al islam.

SINDICATOS

«Efecto disuasorio».Los sindicatos de profesores creen que vigilar las aulas para detectar una posible radicalización de sus alumnos «excede» sus funciones y puede provocar «complicaciones», como el hecho de que los estudiantes dejen de acudir al instituto por miedo a ser vigilados o «tomen represalias» contra sus maestros.

«La Generalitat no se ha puesto en contacto con nosotros. Y nos gustaría poder hablarlo, porque es un tema complejo y puede haber muchos problemas», lamenta Manel Pulido, secretario de Enseñanza de CCOO en Cataluña, que añade que, «en un escenario en el que a los docentes cada vez se les recorta más, incrementar nuestras funciones es muy complicado».

«Últimamente la escuela se tiene que encargar de solucionar todo: los accidentes de tráfico, la violencia machista, ahora el yihadismo… Esto puede ser una extralimitación de nuestras funciones», considera.

Le da la razón Nicolás Fernández Guisado, presidente de Anpe: «Hay que saber cuál es el rol de cada uno. Ni estamos preparados ni éste es el papel de la escuela».

«No queremos una escuela policial ni que haya una caza de brujas», recalca. Más bien al contrario, «la escuela es el lugar del aprendizaje, de la convivencia, de la educación en valores y, desde luego, todo tiene que hacerse desde una educación inclusiva».

«En casos de delitos, o supuestos delitos, o si se transgreden las normas, naturalmente que la comunidad educativa puede actuar, pero ejercer actividades policiales desde dentro de las aulas no sólo es peligroso sino inconveniente, porque los alumnos pueden abandonar la escuela si ven que ésta no cumple su papel inclusivo», advierte.

Fernández Guisado recuerda que «hablamos de menores de edad, con los que hay que tener mucha precaución y mucha prudencia». Además, se muestra en contra de que «se legisle a golpe de suceso dramático» y recomienda establecer otro tipo de protocolos, más en la línea de los decretos de convivencia.

Carlos López Cortiñas, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, piensa muy parecido. «El profesor tiene que impartir una educación con respeto a las normas. Todos los materiales que la Administración nos pueda proporcionar nos pueden ayudar y, cuando vemos dentro del aula comportamientos que no son adecuados, informamos a los profesionales. Pero, si se nos encomienda simplemente una labor policial o coercitiva, estamos en desacuerdo».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió ayer una reunión a la Generalitat, tras «enterarse de la noticia por EL MUNDO». Fuentes de este sindicato resaltan «la complejidad y las implicaciones de esta decisión en ámbitos como la libertad religiosa o de expresión». «Los profesores carecen de medios y formación para asumir esta responsabilidad», insisten.

PADRES

«Estigmatiza». «No nos parece nada adecuado el enfoque del protocolo que estudia la Generalitat», opina Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que agrupa a 12.000 asociaciones de familias de la enseñanza no universitaria.

«Ponen el foco en la vestimenta, en las creencias religiosas, en cambios de comportamiento… En cosas que primero estigmatizan y, segundo, pueden deberse a infinidad de circunstancias como problemas familiares, acoso escolar o vete a saber qué», explica Salido.

«El hecho de llevar determinada ropa no puede implicar que seas etiquetado como radical o sospechoso. Estas suspicacias pueden generar nuevos conflictos que ahora no existen en las aulas», reflexiona. «La base no es lógica ni aceptable. El problema es mucho más complejo».

Nada de lo que se ha dicho sobre el protocolo le gusta pero, quizá, lo que menos es que «se fija sólo en colegios públicos, como si sólo en esos centros se pudiera radicalizar uno». Otra de las dificultades que observa es que, «si los profesores van a ser quienes detecten y alerten de estas actitudes, necesitarán una formación muy concreta y específica para no caer en falsas acusaciones».

Por el contrario, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), considera que, si el protocolo está vigilado y es consensuado por toda la comunidad educativa, «podría ser útil».

Pone de ejemplo la Ley de Autoridad del Profesorado en Castilla-La Mancha para señalar que «no hay que tratar al profesor como un policía pero sí como una autoridad, tanto dentro como fuera del colegio. Ellos son los primeros que pueden detectar cosas como el acoso y, por qué no, también otros comportamientos».

Pero admite que ahora «estamos en pleno proceso de integración en las aulas, entre culturas muy diferentes entre sí, y es difícil predecir qué consecuencias puede tener una u otra actuación».

COMUNIDADES ISLÁMICAS

«Convierte las aulas en comisarías». «Esto tiene muy mala pinta», sostiene Mounir Benjelloun, responsable de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). El también portavoz de la Comisión Islámica de España, que viene a ser el equivalente de la Conferencia Episcopal para los musulmanes, considera que el protocolo de la Generalitat es «un disparate»: «Van a convertir las aulas en comisarías».

«Ya no estamos en un Estado de Derecho», denuncia. «Se está poniendo en rojo a todos los musulmanes, ya se es sospechoso sólo por serlo, vamos en muy mala línea. Hacen protocolos y no se consulta a la propia comunidad, ni a las personas que tienen conocimiento al respecto, y que también trabajan sobre el terreno. Esto es una decepción total, no podíamos ni imaginar que en España pasase esto».