Los atentados de Bruselas amenazan con tener un efecto similar al de los incidentes en las festividades de Fin de Año en Colonia. El eco de las bombas en el aeropuerto de Zaventem y el metro de Bruselas ha llegado a algunos países donde ya existía poca disposición a recibir a los refugiados de guerra siria, y que ahora se pronuncian abiertamente por cerrar las puertas a los musulmanes. La primera en ponerlo sobre la mesa ha sido la jefa del Gobierno polaco, Beata Szydlo, que al día siguiente de los ataques en Bruselas dijo que su país no acogería más solicitantes de asilo «en las circunstancias actuales». En una entrevista a una emisora de televisión progubernamental Szydlo dijo que aunque era consciente de que el Consejo Europeo, del que ella forma parte, había acordado «resolver el problema de las migraciones a través de la reubicación, tengo que decir claramente que en este momento no veo posible acoger inmigrantes en Polonia».

A Polonia le corresponde dar cobijo a unos 7.000 solicitantes de asilo, una cantidad relativamente pequeña, debido a que las autoridades alegaron que ya soportan la carga de un gran número de refugiados ucranianos, que huyen del conflicto con Rusia, pero no quieren manifestarse como tales. El ministro de Exteriores, Witold Waszczykowski, recordó que los refugiados sirios no quieren ir a Polonia sino a Alemania y alegó que los servicios sociales polacos solo pueden contribuir con unos 100 euros al mes por persona, lo que es una cantidad muy inferior a las prácticas generalizadas en otros países. El Gobierno polaco ignora deliberadamente que parte del acuerdo es que la Comisión Europea financiará gran parte del coste del mantenimiento de los refugiados. El actual gobierno nacional – populista de Polonia alega que la decisión de aceptar a los refugiados la tomó el anterior ejecutivo del partido conservador Plataforma Civica.

Según las autoridades griegas, ayer fue el primer día en que ya no llegó ningún solicitante de asilo desde Turquía a las islas del Egeo, lo que es un síntoma de que Turquía ha empezado a aplicar el acuerdo al que llegó con la UE el viernes pasado. Sin embargo, las organizaciones humanitarias y las agencias de la ONU se han venido desvinculando de una fórmula que en un principio consideraron legal, pero que cada vez concentra más críticas. Si a estas críticas por parte de los que creen que el acuerdo no respeta los derechos de los demandantes de asilo se suman las crecientes reticencias en algunos países a acogerlos a causa del miedo que provoca su origen en el conflicto sirio. Los refugiados huyen de las barbaridades de la organización criminal Estado Islámico, la misma que ha reivindicado los atentados de Bruselas.

El Gobierno griego ha prometido duplicar sus instalaciones y hacer que puedan albergar hasta 60.000 en los próximos 20 días, según el portavoz del centro de gestión de crisis, Yorgos Kyritsis. Para ello deberán ser creadas al menos 30.000 nuevas plazas, para instalar a los que en estos momentos están en suelo griego dejados a su suerte y los que pueden llegar después desde Turquía. Actualmente se calcula que hay unos 48.800 refugiados repartidos por todo el territorio griego, de los que, gran parte, unos 30.000 están en centros habilitados por el Gobierno, municipios o el Ejército, mientras que el resto, unos 18.000, se encuentran en instalaciones de fortuna como el campo de Idomeni, en la frontera con Macedonia.

ACNUR ha abandonado su colaboración con la UE porque cree que en realidad estos campos de refugiados se están transformando en campos de detención desde los que se procederá a expulsar sistemáticamente a aquellos que lleguen de forma irregular.

Eslovaquia es otro de los países que se ha negado abiertametne a recibir refigiados sirios y ha pedido que en última instancia solo le envíen cristianos. El actual primer ministro en funciones, el socialista Robert Fico ha interpuesto una querella contra el Consejo para negarse a acatar el acuerdo.