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La isla griega de Lesbos, de espacio de acogida a lugar de expulsión

La secretaria General de CEAR, Estrella Galán, ha vivido en la  isla griega de Lesbos el desalojo de los campos de refugiados  ordenado por el Gobierno heleno para dar cumplimiento al acuerdo con  Turquía que permite devolver allí a cuantos arriben a su territorio  una vez examinada su solicitud de asilo.

Diario de noticias de Alava, EP, 23-03-2016

Afirma que durante todo el  fin de semana ha reinado la desinformación,
el caos y la ausencia  “absoluta” de garantías legales para las
personas que han sido  evacuadas “sin saber a dónde iban”.

MADRID. En conversación telefónica con Europa Press desde Estambul, Galán  dice que ha visto “dos Lesbos diferentes, uno hasta el sábado y otro  completamente opuesto a partir del domingo por la entrada en vigor  del acuerdo”, que ha llevado aparejado el desalojo de las 8.000  personas que se encontraban en las islas en campos de refugiados que  ahora van a funcionar como centros de detención. Este lunes, 4.000 ya  habían sido conducidas a suelo peninsular.


“El sábado por la tarde comenzaron a desalojar los campamentos. La  policía se presenta allí, coge a un grupo numeroso de personas y los  monta en autobuses para llevarlos al puerto, que estaba absolutamente  cerrado y al que ya no podían acceder los voluntarios como venían  haciendo, para acompañar a los refugiados, ayudarles a embarcar y  facilitarles víveres y enseres para continuar su camino”, explica.


Denuncia que desde el acceso al puerto fue testigo de cómo  determinadas personas dentro del grupo de evacuados iban esposadas y  afirma que se trata de aquellos perfiles que sólo por su  nacionalidad, no son considerados potenciales refugiados por las  autoridades griegas. “Ellos no ven como refugiados a paquistaníes y  bangladeshíes. Es absolutamente discriminatorio que se defina si una  persona es o no refugiada sólo en base a una nacionalidad”,  denuncia.


Señala que los evacuados “no sabían a dónde iban” porque “nadie  había informado sobre la situación”. Explica que la policía les  escoltaba “y les subían al barco”, un gran buque atracado desde hacía  “semanas” en el puerto de Lesbos que servía como dependencias  portuarias en caso de mal tiempo y que acabó el sábado trasladando a  territorio peninsular, como afirma Galán, a 2.500 personas.


“En todo este proceso no hay ningún tipo de asistencia legal, se  hace todo sin ninguna garantía ni soporte que permita a esas personas  ejercer su derecho a recurrir el traslado. Tampoco hay ningún  procedimiento establecido ni ninguna organización especializada que  esté pendiente. En ningún caso hay una asistencia legal a los  refugiados por parte de nadie”, afirma la secretaria General de CEAR.  No descarta que los considerados a priori no refugiados hayan sido ya  entregados a Turquía.


Galán contrapone esta situación a la que encontró en Lesbos los  días anteriores, con tres campos de refugiados trabajando de forma  coordinada entre sí, con las autoridades y con el ACNUR y centenares  de voluntarios, pequeñas organizaciones y ONG más grandes  repartiendose la atención a los refugiados desde el rescate en el mar  y el primer auxilio a pie de playa, hasta el registro en el ’hotspot’  de Moria y la derivación al campamento más adecuado a su perfil.


“La única embarcación que ha conseguido llegar a la playa, porque  todas las que han seguido llegando el fin de semana han sido  interceptadas, ha llegado esta mañana. Antes los voluntarios montaban  un pequeño campamento en la orilla y les daban atención sobre la  arena, como ropa seca o comida y agua. Hoy inmediatamente han  aparecido los autobuses de la policía, han montado mojados a los  recién llegados sin dejar que les asistieran, y así se los han  llevado”, lamenta Galán.


El futuro ahora, con el acuerdo en vigor, de la labor humanitaria  en las islas griegas es para la secretaria General de CEAR “todo  incertidumbre”. La transformación de los campamentos en centros de  detención ha expulsado de las instalaciones a las ONG, el ACNUR se ha  retirado porque se opone abiertamente a la detención sistemática de  los recién llegados y en las playas, donde siguen siendo necesarias  labores de salvamento, “no se sabe” qué va a pasar. “Los voluntarios  se quieren quedar, pero nadie tiene claro ahora mismo qué va a  pasar”, añade Galán.


En su opinión, “la prisa que no se han dado los gobiernos europeos  para reubicar a los refugiados pese a que el acuerdo está en espera  desde julio sí la han tenido para expulsar a las personas y para  poner en vigor este acuerdo que deja en papel mojado la Convención de  Ginebra, que hace desaparecer cualquier garantía respecto del derecho  de asilo y que pone en evidencia los valores de la Unión Europea”.

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