La oposición al Gobierno foral lanzó ayer la pelota de la AGI sobre el tejado, personal e intrasferible, de la diputada del ramo, Maite Peña, emplazándole a tomar decisiones sobre la Ayuda de Garantía de Ingresos. Así que no hubo partido el habitual rifirrafe en la Comisión de Políticas Sociales de ayer. La responsable foral en la materia se quedó con las bolas con forma de requerimientos de los grupos junteros, les emplazó a una ronda de contactos para después de Semana Santa y aquí paz y después gloria.

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Un informe foral revela que la AGI ha atraído una inmigración inhabitual de difícil inserción

La prestación económica creada por el anterior Ejecutivo foral de EH Bildu para atender a las personas necesitadas que no cumplieran los requisitos para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha sido puesta en entredicho por el actual bipartito (PNV-PSE), pero aún no ha desvelado cuál será su futuro, extremo que se quedaron con las ganas de conocer ayer los partidos de la oposición.

«No sé cuál va a ser finalmente la evolución de la AGI», confesó la diputada antes de recurrir a la palabra «reformulación». Lo que toca ahora, añadió, es «reflexionar y decidir políticamente pero partiendo del conocimiento de la realidad», explicó para justificar la presentación del informe sobre esta ayuda, cuyo contenido adelantó ayer este periódico y fue presentado en la propia Comisión por su autor, el jefe de Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas de la Diputación, Jon Iribar.

Maite Peña
Diputada de Políticas Sociales

«La AGI no se puede quedar como está, no cumple los objetivos de inserción social y crea necesidades»

Jon Iribar
Técnico foral

«Si no hubiera AGI, habría más exclusión, pero hay que ver qué parte de la exclusión se ha atraído»

Zorione Etxezarraga
PNV

«Es oportuno analizar una prestación creada de manera unilateral y que solo existe en Gipuzkoa»

Ernesto Merino
EH Bildu

«Las conclusiones del informe ya estaban escritas antes de realizar la evaluación de los datos»

Petra Romero
PSE

«Tal y como recomiendan los ayuntamientos, ¿se contemplan más recursos para completar la ayuda?»

Mónica Mora
Podemos

«¿Cómo se puede utilizar la expresión ‘efecto llamada’ en un informe que consideráis técnico?»

Juan Carlos Cano
PP

«Nos hace falta algo más que datos. ¿Qué vamos a hacer a futuro? ¿Vamos a seguir llamando?»

Efecto llamada

La metodología de la sesión no convenció a la oposición que, aprovechando la presencia de la diputada foral en las Juntas, pidió que se mojara sobre el devenir de la prestación que hoy reciben 1.422 unidades convivenciales. «La responsabilidad es suya y no de un informe», le espetó Ernesto Merino (EH Bildu) antes de achacarle haberse escondido «tras la pantalla» del técnico foral. «Lo que sí le puedo decir es que en Gipuzkoa no va a haber 500 niños que se van a quedar debajo de un puente y que no va a haber gente que se va a quedar en la cuneta», respondió Maite Peña a la interpelación más directa del portavoz de la coalición abertzale. Ernesto Merino lanzó a la diputada la invitación para «tener la valentía de mantener, mejorar y ampliar la AGI».

El interrogante que, por su parte, encerró la pelota de Podemos, lanzada por su juntera Mónica Mora, preguntaba «¿qué solución vamos a darles si no pueden recibir ayudas hasta los tres años». Hacía alusión al plazo que un ciudadano empadronado en el territorio debe esperar para solicitar la RGI. Por parte del PP, Juan Carlos Cano apostó por una interpelación más bien genérica, «¿qué vamos a hacer a futuro?», y otra algo más incisiva: «¿Vamos a seguir llamando?».

Ahondaba así el popular en el término del informe técnico que más llamó la atención a los junteros. «El efecto llamada». Esa propiedad que el documento atribuye a la AGI de atraer perceptores que, de otro modo, no recalarían en Gipuzkoa, único territorio donde existe la posibilidad de cobrar este dinero (706 euros mensuales de media en 2015). «¿Cómo pueden utilizar esta expresión en un informe técnico?», cuestionó la representante de Podemos. «Las conclusiones ya estaban escritas antes de la evaluación», interpretó el de EH Bildu. El técnico foral quiso desvestir el controvertido término de connotaciones positivas o negativas. «No decimos que sea bueno o malo, simplemente que existe una llamada a raíz de la ayuda».

Para la oposición, el documento forma parte de una «campaña de desprestigio» de una ayuda creada por la coalición abertzale en la anterior legislatura y que el actual Ejecutivo se dispone a revisar. La diputada Maite Peña salió del paso asegurando que «este informe demuestra que la AGI no se puede quedar como está, no cumple los objetivos de inserción social y crea nuevas necesidades».

La juntera del PNV Zorione Etxezarraga vino a socorrer a la diputada ensalzando el valor del estudio presentado. «El análisis de una prestación creada de manera unilateral en la anterior legislatura es oportuno y tenemos que conocer el impacto que tiene una ayuda que solo existe en Gipuzkoa», recordó la jeltzale.

Después de presentar los datos del informe elaborado con ayuda de los técnicos de los ayuntamientos y las organizaciones Cáritas, SOS Racismo y Cruz Roja, Jon Iribar sí se mojó con su opinión. Esta prestación económica «no sólo cubre necesidades sino que crea necesidades», señaló hablando de que puede crear «un círculo vicioso». Dicho de otro modo, «atrae más problemas de los que ya existían».

Iribar asumió que «si no hubiera AGI, habría más exclusión». La cara de la moneda. Pero también invitó a preguntarse «qué parte de la exclusión se ha traído» con esta ayuda. La cruz. La aparición en Gipuzkoa de un perfil de inmigrante diferente al que existía antes de la implementación de la AGI, cuya inserción social resulta más complicada, motivaba su disertación.

Mereció asimismo una reflexión la casuística particular de algunos ayuntamientos «no acostumbrados a que aparezca cierto perfil de extranjeros o una multiculturalidad más difícil de insertar». Desde un punto de vista de convivencia social, Iribar advirtió del «problema de cómo puede reaccionar la gente de la calle» o de «cómo desactivar ciertas actitudes que nos consta que existen». Recordó asimismo que aunque los perceptores de esta ayuda dejan de estar en las listas de la AGI a los tres años, siguen viviendo en Gipuzkoa y el problema de inserción no desaparece.

Eficacia del dinero público

Al complicado encaje social de algunos inmigrantes en varios municipios guipuzcoanos donde tienden a concentrarse se refirió la juntera del PSE, Petra Romero. Citó esa observación en la que tanto ayuntamientos consultados como organizaciones del tercer sector han coincidido, a saber, la configuración de la AGI como una mera ayuda económica sin el acompañamiento de otras medidas que favorezcan la deseada inserción. Romero abrió la espita a una posible alternativa en la futura «reformulación» de la prestación al preguntar «si se contemplan más recursos» en esa revisión que se abordará tras la Semana Santa.

Maite Peña anunció que entre hoy y mañana tratará de cerrar la agenda de las reuniones con los grupos junteros del territorio. También se sentará con ayuntamientos y organizaciones del tercer sector. ¿Qué espera de unos y otros? Lo dejó claro. «Aportaciones para tomar medidas para lograr que el dinero público tenga un resultado eficaz». Fuentes consultadas por este periódico aseguran que tales decisiones podrían llegar incluso entre abril y mayo.

Al final de la sesión, emergió otro debate. Iribar recordó que la Diputación no tiene competencias para crear ayudas económicas al margen del sistema vasco de garantía de ingresos.