El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  en
Grecia no prestará servicios en los centros de detención en los  que el
Gobierno griego ha convertido los recursos de acogida para  poder
cumplir el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que  implicará la
devolución de los llegados a partir de la medianoche de  este domingo,
que ya son algo más de un millar de personas.

MADRID. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el asistente  del ACNUR en grecia, Giovanni Lepri, la institución no facilitará  suministros de alimentación, agua o saneamiento como venía haciendo  hasta ahora ni participará “en ninguno de los procesos” asociados a  estos centros de detención porque es incompatible con sus  obligaciones en favor de quienes buscan protección internacional.

“El ACNUR ha reorganizado sus equipos en las islas y nos estamos  retirando de las infraestructuras. No vamos a participar en ninguno  de los procedimientos que tienen que ver con este régimen cerrado y  la provisión de servicios allí. Están en situación de detención y  nosotros no vamos a proveer servicios dentro de un centro así, sería  completamente contrario a nuestro mandato”, ha afirmado.

No obstante, incide en que “lo último que quería el ACNUR es que  de la noche a la mañana cambiase el sistema” y sus equipos se  retirasen “sin mirar las necesidades de la población”, por lo que  seguirá en las islas monitorizando las condiciones de quienes llegan,  trabajando en la detección de casos especiales, como los menores no  acompañados, y supervisando que se cumple la legalidad internacional  en la ejecución de las condiciones que marca el acuerdo.

De hecho, si bien el ACNUR ha “suspendido los traslados desde el  puerto a centros de detención”, sí está colaborando en la evacuación  de los refugiados que aún permanecen en las islas y que llegaron  antes de la entrada en vigor del convenio, unas 8.000 personas de las  que 4.000 ya han sido desplazadas a territorio peninsular en muchos  casos, a bordo de autocares del ACNUR que les llevaban hasta el  ferry. Esta labor ha suscitado críticas porque, según Lepri, “no se  ha interpretado correctamente”.

“En realidad, el Gobierno está trasladando a la gente que llegó  antes de medianoche para no tener en las islas dos grupos de personas  de la misma nacionalidad con tratamiento disinto, los que llegaron  antes de la entrada en vigor del acuerdo y los que están llegando  después. Para el ACNUR esto no es un tema de preocupación porque el  traslado se está haciendo de forma adecuada. En todo caso, el ACNUR  no participa ni en deportaciones ni en ningún proceso ilegal”, ha  sentenciado.

CAMPOS DE ACNUR PARA LA REUBICACION 

Sí “preocupa” que en territorio peninsular hay 40.000 refugiados  “en una situación muy precaria, particularmente en El Pireo e  Idomeni” y en los campos que el Gobierno está preparando “no hay  capacidad para absorber a los 8.000 que llegarán desde las islas de  manera ordenada”. “Nuestros equipos están monitorizando cómo se está  llevando a cabo, porque este procedimiento tiene sus preocupaciones”,  ha añadido.

Además, una vez trasladados, serán cerca de 50.000 las personas en  Grecia pendientes de una solución. “Dependerá de la capacidad de la  UE para trasladar personas a otros países, de la capacidad de  absorción del sistema griego de asilo y de que encontremos  alternativas como reubicaciones fuera de la Unión Europea”, dice  Lepri.

El ACNUR en Grecia centrará su provisión de servicios en esta  población y espera suscribir un acuerdo en las próximas horas con el  gobierno heleno para poder crear sus propios campos de refugiados,  espacios para beneficiarios del programa de reubicación de la  Comisión Europea donde además de ofrecer “todos los servicios  básicos”, apoyarán a estas personas para que “tengan sus expedientes  resueltos de manera rápida y eficiente”.

PRIORIDAD PARA IDOMENI

“Estamos estudiando también para los afganos y otras  nacionalidades cuáles son las posibles soluciones, porque de momento  la única que se contempla es que puedan pedir asilo en Grecia, que  sus solicitudes sean procesadas y que puedan quedarse en el país, ya  que de momento no entran en las cuotas de relocalización”,  restringidas a sirios, iraquíes y eritreos, conforme ha explicado.

La propuesta del ACNUR es que la gente que ahora acampa en  condiciones infrahumanas en Idomeni, junto a la frontera de  Macedonia, tenga prioridad de acceso a estos campos de relocalización  que aspira a crear, algo que en palabras de Lepri, “contribuiría a  descongestionar” esa zona en la que el Gobierno “no ha querido dar  una estabilización de la población” facilitando servicios, “aunque  les ha dado la posibilidad de moverse”.

“Idomeni no es un campo de refugiados, es una situación que se  tiene que resolver porque las personas tienen que poder moverse de  esa frontera e ir a los campos, donde hay unos servicios que serán  mejores o peores, pero que cuentan con alimentación sistemática, agua  y saneamiento. El problema es que los campos no se han construido con  la celeridad necesaria y no había a dónde trasladar a estas personas,  pero ahora se están estableciendo y poco a poco hay gente que está  siendo trasladada a otros lugares”, ha añadido.