Rosa no pidió ayuda hasta que se quedó sin trabajo hace unos meses. Durante los años en que estuvo cobrando 500 euros por tres horas al día como empleada de limpieza en una empresa ni se le ocurrió tocar a las puertas de Lanbide. Sus hijas le ayudaban a llegar a final de mes. «No fue por vergüenza. No sabía que me correspondía una ayuda para completar mi salario y tampoco quería recibir ayudas sociales. Pensaba que era para otros que lo necesitaran más», dice todavía excusándose esta mujer de 60 años, que llegó de Ecuador en 1999 hasta España. Está a punto de entrar a la oficina de Lanbide de Gros, en Donostia, donde se arremolina una decena de personas a la espera de que llegue la hora de su cita.

J. – prefiere no desvelar su identidad – lleva cobrando la RGI como complemento de salario desde diciembre de 2013. Tiene 36 años y se quedó en paro con la crisis. Es ingeniero industrial. «Fui uno de los sobrantes en la empresa. Cuando me echaron, me harté de buscar un trabajo. Me vi sin opciones y decidí intentarlo por mi cuenta». Se hizo trabajador autónomo por obligación, pero también «ambición», precisa sin desánimo. Primero recurrió a una ayuda de Bic Berrilan para emprendedores. Junto a un compañero, «que también tenía ganas de probar suerte», se puso manos a la obra para desarrollar un producto informático, que han bautizado como Nora. «Es un arpegiador midi. Metes un acorde musical en el ordenador y salen los arpegios», explica. El desarrollo del producto y la creación de la empresa ‘Squared heads’ llevaron su tiempo, pero el reloj corría en contra porque se iban consumiendo sus ahorros y la prestación del paro. «Un día un compañero de piso me habló de que podía solicitar la RGI. Tardé en venir a Lanbide porque era reticente a pedir una ayuda».

«¿Una vida digna así?»

Todo fue como la seda hasta que se dio de alta en autónomos. «Entonces empezaron los problemas. Cada mes vengo religiosamente para entregar las pérdidas y ganancias de las ventas que genera el producto que hemos creado». En septiembre le reclamaron 2.000 euros por pagos indebidos. «Hubo un mes que tuvimos beneficios y me han aplicado esa cifra para el resto del año, cuando luego hemos tenido pérdidas. He puesto un recurso y confío en que se solucione, porque no tiene sentido». De lo contrario, su proyecto de empresa tendrá los días contados. «No puedo seguir adelante sin ingresos. Necesito más tiempo. La empresa va a salir a flote».

Una mujer entra a la oficina como una exhalación. «Me ha llegado una carta diciéndome que tengo que devolver dinero de la RGI». Tiene justo tiempo para explicar que está divorciada y tiene una hija a su cargo. «Trabajo en una jangela. Me encantaría estar más horas, pero no puedo porque no tengo a nadie que se encargue de la cría», dice y se mete para adentro. En segundos sale otra mujer, de origen inmigrante. «La ayuda está bien, pero el problema son los bajos salarios – denuncia – . Nadie quiere trabajar y ser explotado. Yo trabajaba en una empresa de limpieza para un hotel. De pagar 10 euros la hora han pasado a 2,5 euros. Calcula. Te pasas ocho horas o más haciendo camas, 20 euros al día. ¿Hay derecho a eso? ¿Quién puede tener una vida digna así?».