Recuerden, lo dijo hace dos semanas el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk: «No vengáis a Europa. No arriesguéis vuestras vidas ni vuestro dinero, no va a servir para nada». Así será.

La fumata blanca comenzó a atisbarse sobre las 15:15 horas, pero no fue hasta las cinco cuando tras dos días de cumbre y «entre aplausos», los 28 jefes de Estado y de gobierno de la UE escenificaron con el primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, la firma del histórico y controvertido pacto para solucionar la mayor crisis migratoria de Europa desde la II Guerra Mundial. Habemus acuerdo. Como se esperaba, con el dramatismo de las grandes ocasiones, como siempre. Según los firmantes, es excepcional, escrupulosamente legal y respetuoso con los derechos humanos. La batalla del relato continúa y hará falta sacar lo mejor de cada uno para que Europa no salga herida de muerte de la cumbre de ayer. El mensaje es claro: si todo esto se está haciendo no es para ocultar la evidente desunión de la UE, su criticada falta de solidaridad, sino en favor de los refugiados, para combatir las desalmadas mafias que trafican con ellos. «Con estas medidas vamos a lograr romper su modelo, su negocio y acabar con la inmigración irregular desde Turquía», se felicitaron los presidentes del Consejo y la Comisión, Donald Tusk y Jean – Claude Juncker. «Era la única opción, no había alternativa. A los que nos critican, que ofrezcan algo mejor. No lo hay», dijo Davutoglu, que calificó la jornada como un «día histórico».

Desde mañana domingo, todos los «nuevos migrantes irregulares» (también refugiados) que lleguen a Grecia procedentes de Turquía serán devueltos al país vecino. Tal cual. Se espera que las primeras operaciones de retorno, que sufragará la UE (se habla de unos 20 millones a la semana), comiencen a finales de mes o principios de abril. Pero como pidieron varios países, se seguirán unos fundamentos básicos tanto de orden legal como humanitario, que serán monitorizados por la ONU.

España está entre ellos. De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se apuntó varios tantos y aseguró que se incluyeron varias apostillas por exigencia española. A saber: «Que todo se va a realizar en estricto cumplimiento del Derecho Internacional y de la Unión Europea, excluyendo cualquier forma de expulsión colectiva»; que «cualquier solicitud de asilo será tramitada de forma individualizada de conformidad con la Directiva de Procedimientos de Asilo»; y que a la hora de los reasentamientos, se «tengan en cuenta los criterios de vulnerabilidad de la ONU». «Es un acuerdo que respeta escrupulosamente el mandato del Congreso», recalcó Rajoy.

¿Cuál es el quid de la cuestión? La clave es la calificación jurídica de Turquía como «país seguro» por parte de Grecia. De este modo, cuando los refugiados lleguen al país heleno y soliciten asilo, Atenas esgrimirá que Turquía, según la ley, es el país donde le corresponde estar. Y si deciden recurrir, lo harán esperando en tierras turcas. Casualidad o no, este procedimiento fue avalado expresamente el jueves por el Tribunal de Justicia de la UE. La duda es saber cuánto tiempo permanecerán en tierras griegas hasta que la gran mayoría sean devueltos al otro lado del Egeo. El objetivo es que sean horas o días, y para eso se van a poner a trabajar «inmediatamente» 4.000 funcionarios europeos (desde jueces a intérpretes) para ayudar al Gobierno griego a gestionar el caos que viene sufriendo.

A cambio, la UE se compromete a aplicar la llamada fórmula 1:1. Es decir, que por cada sirio devuelto (solo de esta nacionalidad), Europa acogerá a otro. No será ‘ad infinitum’. El límite establecido será de 72.000 plazas, que son las vacantes fijadas en los acuerdos previos de reasentamiento. Si se sobrepasa esta cifra, el mecanismo se interrumpirá por considerarse que no ha funcionado.

Contraprestaciones turcas

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, pidió comenzar a aplicar el acuerdo «lo antes posible» porque es «la única manera» de hacer frente a «esta tragedia sin precedentes». Tras remarcar que «no será fácil», celebró que gracias al acuerdo se «evitará que Grecia se convierta en «un depósito humano». «Ha prevalecido una decisión europea común y la lógica del sentido común. Es un resultado muy positivo que puede llevar a una solución del problema», dijo. ¿Pero qué pasa con las 45.000 personas que están ‘atrapadas’ en Grecia? Lo que se pretende es agilizar los mecanismos comunitarios para que sean recolocados entre el resto de países – hasta ahora sólo ha habido un millar de las 160.000 acordadas – .

Se busca convencer a Turquía de que de una vez por todas cierre sus fronteras – el año pasado llegaron desde aquí a Europa más de un millón de personas – y la ruta del Egeo quede blindada al trabajo de los guardacostas griegos y turcos, y la colaboración de la OTAN. A partir de aquí, si se confirma que el flujo de inmigrantes irregulares se minimiza notablemente, se pondrá en marcha un mecanismo llamado Plan Voluntario de Admisión Humanitaria para que un determinado número de refugiados que ya están en Turquía (hay unos 2,7 millones) lleguen a Europa por cauces legales.

En el capítulo de contrapartidas, el Gobierno de Ankara consiguió duplicar hasta los 6.000 millones el dinero destinado a sufragar la manutención de los refugiados – los 3.000 nuevos se irán dando en función de metas alcanzadas – , logró acelerar la liberalización de visados para los 75 millones de turcos antes de julio – deben cumplir para ello 72 duros criterios – y pese a los muchos tiras y aflojas, consiguió que las negociaciones sobre el proceso de adhesión diesen otro impulso con la apertura de sólo uno de los cinco capítulos que querían. Aquí el listón lo marco Chipre, su gran enemigo, que dejó muy claro que vetaría el acuerdo si no se hacían caso a sus exigencias.

Ya lo dijo Tusk: «No vengáis».