El conflicto institucional ya está servido. Congreso y Gobierno iniciaron ayer un pulso sin precedentes, calificado por muchos diputados como «el más grave de la presente etapa democrática». El choque de trenes va a obligar a intervenir al Tribunal Constitucional para determinar si, como defienden todos los partidos salvo el PP, el Ejecutivo se ha declarado «en rebeldía» frente a otro poder del Estado.

El Gobierno consumó a las diez y un minuto de la mañana su desafío al Parlamento cuando el titular de Defensa, Pedro Morenés, no acudió a la comisión de su ramo, a la que había sido citado hace días para explicar la operación que desarrolla la OTAN contra las mafias de la inmigración ilegal en el mar Egeo y en la que dentro de pocos meses tienen previsto participar unidades navales españolas. Se trata de un hecho inédito, un ministro que ignora la dación de cuentas y las explicaciones que le demanda oficialmente la Cámara baja.

Fue la confirmación de la decisión ya anticipada hace días por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, de que ni Mariano Rajoy ni ningún otro de sus ministros aceptará someterse al control de Congreso por encontrarse en funciones.

Su argumento, rechazado tanto por los servicios jurídicos de la Cámara baja como por todos los grupos salvo el PP, es que el Ejecutivo no tiene la confianza del actual Parlamento ya que fue nombrado por el anterior, y tiene vedada por ley la iniciativa política dada su naturaleza transitoria. Por estos motivos, argumentan el Gobierno y el PP, sus miembros no pueden responder a preguntas, interpelaciones o comparecer en el hemiciclo porque desarrollan una mera labor administrativa, solo sujeta a la fiscalización de los tribunales, y ajena al control político.

El Congreso, como recordó ayer su presidente, tiene claro que el Ejecutivo, en funciones o no, tiene la obligación legal y constitucional de someter al control de la Cámara, que representa a la soberanía nacional, sus «acciones u omisiones» aunque estén como ahora limitadas, y de dar explicaciones sobre sus decisiones.

Ni el uno ni el otro se muestran dispuestos a ceder un milímetro, por lo que el Congreso dio ya los primeros pasos para acudir al Constitucional y reclamar al tribunal que obligue al Gobierno a respetar sus obligaciones y las competencias del legislativo.

Mediación de López

El presidente de la Comisión de Defensa, el socialista José María Barreda, pidió a los diputados que se ratificasen en la citación de Pedro Morenes, cosa que hicieron, y levantó acta de la inasistencia del ministro, hecho del que dio traslado a Patxi López y a la Mesa de la Cámara baja «para que tomen las decisiones pertinentes».

Como insinuó López poco después, y confirmaron todos los partidos, los grupos acordarán en la primera Junta de Portavoces tras la Semana Santa llevar al pleno que empieza ese mismo día (o al siguiente) y aprobar un ultimátun al Ejecutivo. Le darán un mes de plazo para rectificar la supuesta violación legal. De no hacerlo, el Congreso presentará un recurso de «conflicto de atribuciones» en el Constitucional por considerar que el Gobierno le impide ejercer sus competencias.

El debate parlamentario que siguió a la incomparecencia del ministro de Defensa fue un rapapolvo general al Gobierno y a los populares. Ni Unión del Pueblo Navarro, socio electoral del PP y partido que vota siempre con los conservadores, comprendió la postura de Rajoy y sus ministros.

Gobierno «en rebeldía» y «escondido en un rincón», Ejecutivo «absolutamente descontrolado», «fraude», «insulto al Parlamento y a los ciudadanos», o «conflicto sin precedentes» fueron las calificaciones que dieron a los hechos PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Esquerra, Convergencia y el Grupo Mixto, que hablaron incluso de estudiar responsabilidades legales penales de los ministros. Los populares solo vieron un intento «desleal» de todos por «desgastar» al PP y por «abrir el Telediario». Su portavoz cargó directamente contra López, de quien dijo que se ha convertido en un «ariete» contra el Ejecutivo. «No hay un Gobierno descontrolado – concluyó – , lo que hay es un Parlamento sin cabeza».

El presidente del Congreso, por su parte, se reunirá hoy con el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes para tratar de convencer al Ejecutivo de que acepte algún nivel de control mientras siga en funciones, con independencia de lo que resuelva sobre el recurso el Constitucional.