El ofrecimiento de la Generalitat a la Comisión Europea para acoger en Cataluña hasta 1.800 refugiados de manera inmediata y un total de 4.500 a lo largo de dos años irritó al Gobierno central. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó ayer tras el Consejo de Ministros que el líder catalán Carles Puigdemont hiciera la propuesta mediante una carta al comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, y lo acusó de obviar la posición conjunta fijada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados respecto al papel de España en la crisis de los refugiados.

La petición de Puigdemont se suma a la que el pasado jueves hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para albergar en la capital catalana al menos a 100 refugiados que estuvieran en Grecia. En el fondo, Colau y Puigdemont comparten la misma crítica al Gobierno central, al que acusan de inmovilismo y de no hacer todo lo que está a su alcance para brindar ayuda humanitaria a los cientos de miles de desplazados por la guerra. “Es el Estado quien tiene los fondos y las competencias y se comprometió a reubicar 15.000 personas de las que solo han llegado 18”, sintetizó en su día Colau.

Cataluña lleva meses preparando un dispositivo de acogida, para lo que ha creado un comité de coordinación con el mundo local y las entidades que trabajan con refugiados. Una labor que no ha estado libre de escollos, sobre todo por la descoordinación entre el Ayuntamiento de Barcelona y la propia Generalitat. En su día las entidades sociales criticaron que ambas instituciones entraran en una rivalidad por quién se mostraba más acogedora obviando la necesidad de unidad para hacer frente al reto de la acogida.

Cuando en septiembre se conoció la cuota de refugiados que España recibiría, la Generalitat se afanó por conocer cuántos le corresponderían a Cataluña. El Estado sin embargo nunca respondió. Desde el Gobierno catalán siempre se recordó que no había competencias para poder dar asilo y que todo dependía de la última palabra del Gobierno español. La carta de Puigdemont a Avramopoulos, fechada el 15 de marzo y en inglés, llega después de que en el pleno contra la pobreza del Parlament se aprobara una proposición para “dar acogida más allá de las decisiones adoptadas en este ámbito por el Gobierno español”.

En la misiva, Puigdemont expresa su “profunda consternación” por la crisis humanitaria que se desarrolla a las puertas de la UE y se explican los preparativos de la Generalitat para la atención de refugiados. “Se está trabajando para acoger cerca de 4.500 refugiados” y ahora mismo ya estarían en disposición de asumir la llegada de 1.800 personas, 600 de las cuales podrían encontrar alojamiento gracias a la Generalitat.

Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, acusó ayer a Puigdemont de haberse saltado el consenso unánime del Congreso de los Diputados sobre la posición de España ante el conflicto de los refugiados en la UE y de haber actuado “sólo”, “unilateralmente” y “sin consensuarlo con nadie”.

La parte de la misiva que más irrita al Gobierno, que recibió una carta similar el mismo día que el comisario, es en la que Puigdemont asegura que la persona encargada para dialogar sobre este asunto es el Minister –traducción que utiliza oficialmente la Generalitat para referirse a los consejeros– de Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva.