Tras ponerse de acuerdo en el fondo y en la forma, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE dedicaron el día de ayer a profundizar en lo que en la práctica supone el quid de la construcción europea: los detalles. La idea básica es sencilla: lograr un acuerdo con Turquía para que el Gobierno de Ankara se haga cargo de los refugiados que tiene en su territorio, impida que miles de personas salgan cada día hacia las islas griegas y que, además, acepte que Grecia devuelva de forma sistemática a los «inmigrantes irregulares» que han ido llegando a sus islas.

El problema es cómo llevar eso a la práctica. Las condiciones turcas son demasiado exigentes para la mayoría y la presión pública por las posibles devoluciones masivas en caliente ha calado. Pero sobre todo hay una dificultad logística inmensa, la de crear un enorme centro de procesado de datos en las islas griegas, capaz de gestionar la estancia de miles de personas, la tramitación de miles de peticiones de asilo y su denegación sistemática en «cuestión de tres o cuatro días como mucho», según fuentes europeas.

Los jefes de Gobierno de la UE están dispuestos a pagar más (hasta 6.000 millones de euros para los próximos tres años en dos bloques de 3.000) a Turquía y aceptan hacer la vista gorda ante la deriva autoritaria de Recep Tayyip Erdogan. Y aceptan incluso abrir unos cuantos capítulos de la negociación para una futura adhesión a la UE (salvo Chipre, que amenaza con un veto). Pero en donde hay una disonancia importante es en la exención de visados para turistas turcos, que el primer ministro Davutoglu exige para junio y un buen número de países ve inviable.

Irónicamente, en la primera jornada de la Cumbre el debate principal no estuvo en lo que más preocupa a los ciudadanos europeos, que es la cobertura legal que se busca para permitir la denegación sistemática de asilo a los refugiados que llegan a Europa huyendo de la guerra o el Estado Islámico. O no estuvo sólo en eso, sino en las prebendas a Ankara.

Varios países, entre ellos España, siguen teniendo serias dudas sobre la legalidad de las devoluciones. Está claro que no serán «colectivas», pero sí masivas. Si se acepta que Turquía es un país seguro y se tiene en cuenta que muchos sirios que han pasado por allí gozan de una «protección internacional» suficiente, se podría rechazar por sistema las peticiones de asilo de los que llegan a Grecia, independientemente de sus circunstancias personales. Y mandarlos de vuelta mientras sus apelaciones se están procesando. Pero otorgar el estatus de «país seguro» a Turquía resulta incómodo en varias capitales. Porque objetivamente el país no se ajusta a los estándares que se han pedido hasta ahora. Y porque reconocer algo así daría de facto a Ankara una posición demasiado fuerte de cara a la futura adhesión.

Durante buena parte de la tarde, la discusión entre los líderes se centró en cuándo se podría aplicar el esquema de retorno de refugiados y el mecanismo que permitirá sacar un refugiado sirio de Turquía hacia la EU, de forma legal, por cada sirio cuya demanda de asilo sea rechazada y vuelva por la fuerza a Turquía. El cuándo es clave. Si es muy pronto (por ejemplo, desde hoy mismo si hay acuerdo) Grecia no estaría preparada para algo así, que necesitará instalaciones, medios, jueces, traductores, comedores y dormitorios. Si se tarda demasiado, semanas o meses, el «efecto llamada» sería inmenso, pues la devolución no será retroactiva.

Otro de los elementos críticos es el papel de Chipre. El presidente del Consejo, Donald Tusk, viajo esta semana a Nicosia. Angela Merkel se reunió por la mañana con el primer ministro, Nikos Anastasiadis, y tuvo que hacerlo de nuevo a las 19.45 de la tarde. Nicosia se niega a firmar un documento de conclusiones que permita un avance concreto hacia la futura adhesión de Turquía. Al menos hasta que el contencioso sobre la partición de la isla se encarrile. «El acuerdo será fácil si Turquía cumple con sus obligaciones del Protocolo de Ankara. No hay problema. Pero sin eso, no podemos hacer nada», explicó Anastasiadis.