La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas planteó ayer los criterios para organizar las viviendas que la ciudadanía puso a disposición de la Administración para poder acoger a las personas refugiadas, entre los se contempla dar prioridad a las zonas rurales para las familias con menores. También se plantea la distribución de no más de dos familias en ciudades medianas y priorizar los municipios con tejido económico, según trasladó ayer la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, a Accem, Cear, Cruz Roja y Cáritas.

Ferrando explicó que «ante la inoperancia del Ejecutivo central», el Consell se ha visto obligado a asumir la organización de las cerca de 100 viviendas que los ciudadanos de distintas localidades pusieron a disposición de la Administración y que se han repartido entre las distintas entidades para su gestión. También subrayó que la Conselleria «no puede esquivar su obligación de liderar la organización de estos recursos».