Las devoluciones sumarias son ilegales en base a la legislación internacional porque no garantizan el acceso al asilo de los expulsados, según la Convención de Ginebra. Si retornan a decenas de personas de forma colectiva, no se estudia cada caso de forma individualizada. Por tanto, podrían devolver a personas a un país donde su vida o su libertad corriese peligro.

Las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, reguladas el año pasado en España, también vulneran este principio: se hacen de forma inmediata, sin preguntar las circunstancias personales de cada persona. Saltan la valla, pisan suelo español, pero un agente abre la puerta y les devuelve a Marruecos. 

El Ejecutivo empezó a utilizar la siguiente teoría: aunque pisen suelo español después de saltar la valla, los migrantes – incluidos potenciales refugiados – no han llegado a España hasta que no superen también el cordón policial. Fue entonces cuando el Gobierno decía que la frontera “se retrotrae”. Era “flexible”. Fernández Díaz lo defendía en base a una “interpretación de la Ley”.  

El ministro de Interior español también aseguró que los que intentan entrar ilegalmente en España por las vallas de Ceuta y Melilla “no son personas que tengan derecho a la petición de asilo”. 

Esta justificación fue reciente. El Ejecutivo español respondía así al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) que pedía explicaciones a España sobre las devoluciones colectivas llevadas a cabo en Melilla.