Europa se arriesga a quedar retratada para la historia como el continente rico que, en medio de una guerra cruenta, es incapaz de gestionar la crisis de refugiados y gesticula para buscar vías legales para las expulsiones fulminantes. Los Veintiocho, reunidos la noche del jueves en Bruselas, negociaban para sellar un pacto con Turquía que permitirá la devolución de refugiados sirios desde Grecia por la vía rápida. Los líderes expresaron dudas legales y sobre otras concesiones a Ankara.

Europa se dispone a cerrar su acuerdo más drástico para frenar el flujo de refugiados procedentes de Turquía. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE certificarán este viernes, salvo imprevistos, el arriesgado giro que han pergeñado con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. Ankara quiere explotar la ansiedad europea: se acerca la primavera, que con el buen tiempo acelerará los flujos de migrantes, y todos los planes anteriores han fracasado estrepitosamente. Europa ha reubicado a un millar de los 160.000 refugiados que esperan en Grecia e Italia, y solo ha recolocado a 4.000 de los 22.000 que pactó directamente con Turquía, que acoge a cerca de tres millones de sirios. El continente ha cerrado sus fronteras por la denominada ruta de los Balcanes occidentales y ha creado un tapón en Grecia que mantiene varadas a decenas de miles de personas. El objetivo es devolver a Turquía a quienes lleguen en adelante, incluso a quienes tengan derecho a asilo, con un procedimiento por la vía de urgencia que ha despertado enormes dudas legales, incluso morales en un continente que presume de valores.

Se trata de lanzar un mensaje a los sirios para que no crucen el Mediterráneo con las mafias; para que esperen en suelo turco a ser reubicados directamente en la UE. Europa se compromete a admitir a tantos refugiados sirios como inmigrantes devuelva a Turquía. Para ello, tiene que dar a Turquía el estatus de país seguro, algo que es imposible sin cambios legales sustanciales: Ankara solo ofrece protección total a los europeos, no a otros refugiados.

Turquía, además, genera enormes dudas por sus continuos ataques a la libertad de prensa, por el conflicto con los separatistas turcos y por el autoritarismo del presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha convertido a sus adversarios políticos en presa fácil de jueces y fiscales.

Europa es perfectamente consciente de todo eso, pero prefiere mirar hacia otro lado y contar con Turquía como potencia aliada y fórmula para detener el flujo masivo de migrantes, que tras el millón de entradas de 2015 puede batir todas las marcas este año. La UE necesita a Ankara. Y para ello, además de la fórmula para detener el flujo de refugiados, ofrece diversas concesiones: 3.000 millones adicionales a partir de 2018 —que se unen a los 3.000 millones que ya han empezado a desembolsarse—, la aceleración de las negociaciones de adhesión con la UE, el acceso sin visado de los turcos a la Unión a partir de junio y, sobre todo, la apertura de una vía legal para que Europa se lleve de forma masiva, y directamente, a los migrantes con derecho a asilo desde Turquía.

Nada de eso será fácil. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se mostró al inicio de la cumbre “más cauto que optimista”. Tampoco Ankara se muestra convencida, después de las rebajas que han aplicado en las últimas horas las instituciones europeas a algunas de las concesiones pactadas el pasado 7 de marzo.

Los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo se han afanado en encontrar un encaje legal consistente a las devoluciones de migrantes y refugiados desde Grecia a Turquía. No habrá devoluciones colectivas, insiste Bruselas; cada demanda de asilo recibirá un tratamiento individualizado. Pero el mecanismo de devolución por la vía rápida despierta algo más que recelos. “Tenemos algunas garantías, pero no estamos convencidos”, admitió el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel. “El paquete será difícil de aplicar y está al filo de lo aceptable en el derecho internacional”, añadió Dalia Grybauskaité, la presidenta de Lituania. Grybauskatié pone el dedo en una doble llaga: los acuerdos anteriores han sido un fiasco a la hora de ponerlos en práctica por el escaso apetito de muchos de los socios a la hora de asumir los compromisos firmados. Y la propia ONU ha mostrado serias dudas acerca de la legalidad del nuevo mecanismo.

Hay más problemas. La apertura de nuevos capítulos en la negociación para la adhesión de Turquía a la UE ha llevado a Chipre a amenazar con bloquear el pacto. Chipre mantiene un contencioso territorial con Turquía —por la ocupación del norte de la isla—, y reclama acceso a los puertos y aeropuertos turcos. “Si Turquía no cumple con sus obligaciones, no hay más opción [que vetar]”, señaló el presidente chipriota, Nikos Anastasiadis. Además, la liberalización de visados no convence a Francia. El presidente François Hollande subrayó que París vigilará que Ankara cumpla escrupulosamente las 72 condiciones del Tratado de Schengen si quiere que sus ciudadanos circulen por Europa sin visado. El cumplimiento debería llegar en abril, para que la medida se active en junio, algo prácticamente inasumible, según las fuentes consultadas.

Alemania, el país más afectado por la crisis de asilo, es el gran patrocinador de este intento por frenar la marea de migrantes. La canciller Angela Merkel mantiene un cauteloso optimismo sobre el pacto con Turquía, aunque los problemas no cesan: el semanario Der Spiegel se vio obligado este jueves a retirar a su corresponsal en ese país por problemas con Erdogan.

Berlín, que ha apretado sistemáticamente las tuercas a Grecia con los rescates, es consciente de la necesidad de ayudar a Atenas. Con 50.000 refugiados atrapados, Grecia es ya el triste escenario de la primera crisis humanitaria en suelo de la UE desde la formación del club, allá por los años cincuenta del siglo pasado. Los griegos son el eslabón más débil de un continente que puede quedar muy señalado en función de cómo se resuelva ese lío.