Así, el pacto que se ha ido fraguando sobre borradores elaboradores por el Gobierno y por el PSOE al que después se han ido sumando el resto de grupos con aportaciones propias aboga también por reforzar los mecanismos de control sobre “el efectivo destino” de la ayuda económica destinada a ayudar a los refugiados; por continuar poniendo en marcha las acciones necesarias para lograr la reubicación de solicitantes de asilo o refugio; por promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y reasentamientos y promover nuevas ayudas para países de recepción y tránsito, además de defender el establecimiento “de manera urgente” de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente menores sin familia o mujeres víctimas de violencia sexual o de género.

De hecho, tanto Eguidazu como los distintos portavoces de exteriores en el Parlamento han intervenido en la mencionada comisión mientra trabajadores del Congreso, el Ejecutivo y los grupos, a toda prisa, se encargaban de introducir los últimos cambios pactados y redactar un último borrador que será entregado a sus señorías al término de esta cita parlamentaria. La crítica por el hecho de que España haya acogido menos de una veintena de refugiados de los que le coresponden por cuota o los recordatorios al Ejecutivo en funciones de que buscar la “aquiescencia” del Congreso no es una opción, sino un recordatorio hecho por la Abogacía del Estado son cuestiones que han salido a colación en el debate, más allá del consenso.