El 7 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE consensuaron una declaración que sentaba las líneas maestras de lo que debe ser el acuerdo europeo con Turquía para atajar la crisis de refugiados. No era legalmente un acuerdo, pues no se firmaron unas conclusiones, que es el método habitual en las Cumbres.

No se hizo porque apenas unas horas antes del inicio de la reunión, la canciller alemana, Angela Merkel y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, aparecieron con un documento nuevo, inesperado e improvisado, y los líderes comunitarios necesitaban tiempo para leerlo y estudiarlo con calma. Por eso acordaron una declaración conjunta de buenas intenciones, mirar los detalles, y cerrar el pacto en el próximo Consejo Europeo, que los juntará de nuevo en Bruselas el jueves y viernes.

El problema es que la propuesta turco-alemana hace aguas, es floja, y un buen número de países ven imposible materializarla. Ayer fue el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el que habló de forma más contundente, dejando entrever que España está dispuesta a vetar o bloquear el posible acuerdo si no queda clarísimo que no habrá expulsiones masivas de refugiados, algo que si bien no constaba por escrito en la declaración del 7 de marzo, desde varias capitales se ponía abiertamente sobre la mesa.

«El día 7 de marzo no hubo un acuerdo, hubo una declaración en la que se tomaba nota de las sugerencias turcas. Al Gobierno español le pareció inaceptable, y así lo dije, que había que corregir algunos puntos y que España sólo aceptaría en negro sobre blanco un acuerdo que sea coherente y obediente a la legalidad internacional y extraordinariamente respetuosos con los derechos humanos de los que tienen que huir de sus países», explicó ayer Margallo, sorprendiendo a muchos en Bruselas por su tono y porque ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que se ocupa más directamente de este asunto, habían mostrado signos de disconformidad anterior. Al revés.

¿Qué ha cambiado para que España se haya erigido en una defensora a ultranza de los derechos humanos de los refugiados? Por un lado, el miedo cada vez más evidente y compartido con otros países del Mediterráneo de que si se produce de verdad un cierre de la Ruta de los Balcanes y Turquía impide la llegada por mar a Grecia y acepta devoluciones, las rutas migratorias se desvíen hacia el norte de África y se abra un nuevo corredor directamente hacia España, algo que Fernández Díaz dijo hace unos días de forma muy clara, hablando de «no intentar resolver un problema creando otro donde no lo había».

La segunda causa es política. El Partido Socialista se ha declarado contra el acuerdo y exige que España vote en contra.

El Gobierno en funciones no tiene votos suficientes en el Parlamento y para poder refrendar el acuerdo con Turquía necesita su visto bueno. Exteriores pidió tres informes legales antes de que el mes pasado se firmara el pacto con Reino Unido, y el dictamen fue claro: hace falta el consentimiento del Congreso. Y lo mismo ocurre ahora.

«Sin la aquiescencia del Congreso el presidente no firmará el acuerdo», se arriesgó a decir Margallo, dejando a Rajoy en una posición muy delicada. Por eso ahora el Gobierno necesita apelar a los derechos humanos y garantizar que bajo ninguna circunstancia se romperá el derecho al asilo, intentar lograr el sí de Sánchez.

«España condena la posibilidad de expulsiones colectivas. Lo que hemos pedido y se está trabajando con otros países es que todo el que llegue a territorio europeo tenga derecho a tratamiento individualizado. A presentar solicitad de asilo, que sea estudiada y si es repudiada que pueda presentar recurso. Y mientras, se suspende toda posibilidad de retorno. Y que de haber retorno sea a un país seguro», insistió el ministro.

¿Se llegaría hasta el veto de ser necesario? Margallo no fue tajante, y nadie en Bruselas lo cree posible, pero insistió en que el documento debe «aclarar lo suficiente».