Las comunidades autónomas se coordinan para hacer frente al desastre humanitario de la inmigración en las fronteras de Europa, ante la falta de actuación del Gobierno en funciones. Después de que once de ellas emitieran un comunicado conjunto reclamando que el ejecutivo de Mariano Rajoy actúe y rechace el preacuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía, las agencias regionales de cooperación trabajan en optimizar los recursos y preparan una declaración, a su vez, para llamar a la conciencia sobre la situación.

Ya la pasada semana el Foro Andaluz de Inmigración, formado por una treintena de organizaciones humanitarias y agentes sociales, suscribió la declaración institucional hecha pública por las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla – La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Navarra, firmada por con sejeros y vicepresidentes, que reclaman un desbloqueo de los procedimientos de modo que se permita la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa.

También se exige al Gobierno central que ponga en marcha los medios económicos y los procedimientos administrativos adecuados para permitir la participación de las comunidades autónomas en la distribución de los recursos económicos de la Unión Europea y del Estado destinados a la atención de las personas desplazadas y poder así afrontar integralmente esta situación y se reclama al Gobiernoq ue convoque una conferencia sectorial sobre el tema y al presidente del Congreso, Patxi López, que reúna a una subcomisión para abordar el problema.

Petición a las administraciones

Mientras que el Gobierno no está por la labor y se niega a someterse al control parlamentario, al alegar que se encuentra en funciones, en las agencias de cooperación de las autonomías, salvo las gobernadas por el PP, se gesta un manifiesto en el que se hacen portavoces de «la solidaridad del pueblo español» que demanda a las administraciones que comprometan recursos para atender la crisis humanitaria, «a pesar de que el Gobierno español no quiera ni reconocer esta realidad humanitaria ni los derechos que amparan a los refugiados que huyen de una guerra».

La intención de las comunidades es obligar al Gobierno central a establecer una línea prioritaria de ayuda humanitaria para atender a los refugiados que se encuentran en las fronteras de Gregia y Macedonia, en especial, y para que desbloquee los procedimientos para permitir la entrada de los 16.000 que se comprometió en septiembre a reubicar en el país, cuando la conmoción por la muerte del pequeño Aylan movió a las instituciones europeas y a los gobiernos a un acuerdo que ha quedado en nada.

No solo eso. Las organizaciones humanitarias que trabajan en Andalucía han realizado los preparativos que se les han reclamado en vano, como alquiler de pisos para familias que no han llegado o contratar traductores de árabe sin que recibieran personas asiladas de esta lengua. Todo lo más, comentan, han llegado algunos eritreos, no a Andalucía, que hablan un dialecto que en fin obliga a entenderse por señas. También se quedó con los preparativos y sin utilizar la mesa técnica que organizó entonces la Consejería de Justicia en Interior, a través de la Dirección General de Políticas Migratorias.

Proyectos en curso

Las agencias de cooperación buscan también racionalizar sus esfuerzos para la mejor utilización de los recursos. En este sentido, la Agencia Andaluza ce Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene aprobados para 2016 destinar tres millones de euros a tres proyectos dirigidos directamente a la población refugiada en el medio oriente, según publicó el BOJA del pasado 10 de febrero. Se trata de tres proyectos, por un millón de euros cada uno, a desarrollar por UNRWA en Siria y territorios palestinos, para apoyar el programa de salud materna e infantil en los campos de Siria, Gaza y Cisjordania.

Un segundo proyecto será de ACNUR, en Jordania, para protección y asistencia básica a las familias sirias refugiadas en el campo de Zaatri y las zonas urbanas de Mafraq. El tercero consiste en un programa de Unicef para mejorar la resiliencia y la protección de niños y familias afectadas por el conflicto en Siria.

Asimismo, la agencia andaluza respalda otro plan de ACNUR para asistir a la población refugiada en tránsito en Túnez, este con medio millón de euros.