El coste de la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular es de 12,85 millones, de los cuales 6,8 ya se estaban asumiendo, lo que supone que el coste adicional de la aplicación de este decreto para la Generalitat se ha calculado en 6,05 millones de euros.

Así figura en una respuesta de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, sobre el coste del acuerdo de atención sanitaria universal, que formulaba el diputado de C’s Juan Ginés Córdoba.

Al respecto, Montón explica que en la Comunitat Valenciana el Real decreto 16/2012 excluyó del derecho a la sanidad universal a 127.000 personas inmigrantes en situación irregular.

Señala que esta medida fue adoptada por el ejecutivo nacional «basándose en un supuesto ahorro económico que no fue avalado ni acreditado por ningún informe, y no se tuvo en cuenta, además, el sobrecoste que suponía la derivación a la atención de urgencias, donde el coste es mucho superior al de la atención primaria».

En todo caso, «la medida resultó regresiva y discriminatoria» ya que «perjudicó a un colectivo en claro riesgo de exclusión social y ya vulnerable de por sí». Por ello, con el Decreto ley 3/2015, que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, querían «corregir un grave problema social» generado por el Real decreto 16/2012.

«No se trata, por tanto, de una cuestión económica sino de derechos humanos, ya que miles de personas en nuestra Comunitat vieron coartado el derecho universal a la salud que protege nuestra Constitución», recalca Montón, que aclara que «esta medida no se ha tomado teniendo como eje el trasfondo económico que comportará».

No obstante, indica que antes de implantar la medida, se ha evaluado el impacto económico que provocaría en el presupuesto de la Generalitat. Así, en la memoria económica se ha calculado que esta medida beneficiará a 30.000 personas.

Teniendo en cuenta que ya se estaban asumiendo alrededor de 6.800.000 euros anuales por las prestaciones no retiradas, se considera que el coste adicional que conllevará la aprobación de este decreto será de 3.250.000 euros en prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas y otros 2.800.000 euros en asistencia sanitaria.

De este modo, el coste de la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular es de 12,85 millones, de los cuales 6,8 ya se estaban asumiendo, lo que supone que el coste adicional de la aplicación de este decreto para la Generalitat será de 6,05 millones.

El Tribunal Constitucional (TC) decidió levantar el pasado viernes la suspensión cautelar acordada a principios de noviembre sobre la normativa de la Generalitat Valenciana reguladora del acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular.