“Somos un Gobierno en funciones para todo lo que implica”. El Gobierno central insiste en rechazar someterse al control parlamentario, tal y como demandan desde la oposición, en asuntos como el de los refugiados y el acuerdo de la UE con Turquía en esta materia. Una vez más, el Ejecutivo central alega que ni debe ni puede someterse a control político por parte de la Cámara Baja porque es un Gobierno en funciones y no ha recibido la confianza del actual Congreso. Según ha explicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el actual Gabinete “no puede adoptar más que decisiones de despacho ordinario” por lo que ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez “cero debate demagógico y mucho debate de responsabilidad” en el debate de los refugiados.

Los socialistas han amenazado con ir a los tribunales si Rajoy con comparece en el Congreso, de hecho, llevarán el asunto a la próxima Junta de portavoces de la Cámara y esperan que así se convocará un pleno para que el presidente en funciones comparezca. Si no va, los socialistas creen que “la cosa será mucho más grave porque será el primer presidente de la democracia que se declara en rebeldía respecto a una decisión del Parlamento”. El PSOE reclama la comparecencia de Rajoy antes del Consejo Europeo del próximo 17 de marzo, para exigirle que no apoye el principio de acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía para gestionar la crisis de refugiados, porque la mayoría de la Cámara lo rechaza.

Pero Santamaría ha replicado señalando que “el debate partidista hay que cuidarlo y este es uno de ellos porque estamos hablando de una tragedia enorme que ha conmocionado y hay que gestionar bien”. La vicepresidenta ha pedido “cero debate demagógico y mucho debate de responsabilidad” en este asunto porque el Gobierno en funciones “no puede adoptar más que decisiones de despacho ordinario”. Según ha explicado, “este gobierno no tiene capacidad para hacer política y el control de la Cámara es un control político”. Además, ha citado algunos “precedentes en derecho parlamentario” que demuestran que “jamás ha comparecido en funciones un gobierno ni se le ha controlado”.

La vicepresidenta ha citado un informe del Parlamento de Andalucía de mayo de 2015, que aprobó un informe cuando estaban en funciones en el que decían: “Es evidente que dicha labor carece de sentido cuando que el gobierno se dedica a la acción ordinaria de los asuntos”. Según la dirigente, este argumento “es aplicable aquí y al Parlamento de Andalucía”.

El Gobierno ratifica el anuncio del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien en rueda de prensa este jueves aseguró que no tenía ningún sentido que el Ejecutivo de la décima legislatura sea controlado por el Parlamento de la undécima legislatura. “No podemos someternos a las iniciativas de control por parte de un cámara que no ha otorgado su confianza al Gobierno en funciones”, resaltaba.

En el asunto del asilo y la inmigración, Santamaría ha comentado que el Gobierno ha mantenido “desde hace mucho una posición muy clara”, basada en la máxima de que “tiene que ser una posición común con acción en el origen, ahora en Turquía”. además, ha recordado la acción del Ejecutivo en esta materia: “Quien puso encima de la mesa la cooperación en África fue España”. Así, para la dirigente, “cualquier decisión tiene que estar avalado por los informes jurídicos de la Comisión Europea” y, de momento, “Turquía sólo ha manifiestado una posición y los países prometieron analizarlo”. En todo caso, se ha producido un cierre de Schengen, de fronteras”, ha advertido.

En este sentido, ha puntualizado que en el Eurogrupo no hubo una decisión sino un acuerdo para abordar las negociaciones tras el cierre de fronteras que condicionaba mucho la situación en materia de asilo. Así, ahora se tiene que reunir la comisión de asuntos generales y en este tiempo los Estados miembros están abordando internamente la cuestión. Santamaría ha pedido “ir paso a paso”, sin precipitarse, y ha vuelto a recordar que “somos un Gobierno en funciones para todo lo que implica” y que en asuntos de esta naturaleza, en el caso de tener que llevar una posición española a la UE, “necesitamos el acuerdo de la Cámara”. En este punto ha garantizado “trabajar por el consenso”.