Era la primera oportunidad política de desgranar un acuerdo que representa “un punto de inflexión” en la relación con Turquía, en palabras del comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos. Y frente a la adhesión casi sin fisuras que otorgaron al pacto los jefes de Estado y de Gobierno a principios de semana, los titulares de Interior se han mostrado mucho más recelosos respecto a los detalles. Suecia, República Checa, Luxemburgo, Malta y, con matices, España y Portugal han arrojado dudas sobre la posibilidad de aplicar lo pactado con la ley en la mano, según las fuentes consultadas. De manera más amplia, Francia, Austria y Bélgica han alertado de que Ankara debe cumplir todas las condiciones exigidas para eliminar la obligación de visado entre Turquía y la UE.

La enorme brecha existente entre dos maneras radicalmente opuestas de afrontar el fenómeno de los refugiados ha provocado acusaciones tácitas en el encuentro. El ministro sueco, Morgan Johansson, ha lanzado la idea de que todos los países que rechazan integrar a asilados deberían dejar de participar en Schengen. Era un dardo envenenado al bloque del Este, muy apegado a la libre circulación, pero también muy renuente a acoger demandantes de asilo.

En público, el mensaje más escéptico provino de la ministra austriaca, Johanna Mikl – Leitner. “Me preocupa que Turquía ponga bajo tutela un periódico crítico con el Gobierno y que tres días más tarde presente una lista de deseos [a la UE]”, ha valorado a su llegada la reunión para concluir: “Me pregunto verdaderamente si todavía tenemos respeto por nosotros mismos y por nuestros valores”. Pese a desplegar esa retórica, fue Austria el país que, con su fijación de cuotas al paso de refugiados por su territorio, desencadenó los controles del resto de países de la llamada ruta de los Balcanes, que finalmente ha quedado clausurada.

El contraste de esas palabras con las del ministro alemán, Thomas de Maizière, certifica la distancia entre los dos países inicialmente más afines en la crisis de refugiados. El Gobierno de Angela Merkel, principal impulsora en Europa de estas devoluciones de migrantes y refugiados a Turquía, necesita mostrar una imagen de firmeza previa a las elecciones que se celebran este domingo en tres Estados germanos. “No se avanza con críticas, sino con resultados concretos”, ha asegurado De Maizière ante la prensa. En la cita con sus colegas, el ministro ha insistido en que todos los países deben declarar a Turquía como país seguro para ciudadanos de otras nacionalidades, condición indispensable para poder redirigir allí a los extranjeros arribados a Grecia. También Atenas, que ya considera seguro al país vecino, ha insistido en este punto.

Ninguno de los ministros cuestiona el principio de lo pactado: que Turquía se haga cargo de los refugiados llegados desde sus costas hasta las europeas. Pero la atmósfera cada vez más represiva que reina en Turquía y las condiciones que ambas partes deben cumplir para hacer posible ese objetivo inquietan a muchos. “Los turcos están muy alejados de los valores y los principios de Europa”, ha reflexionado el ministro belga, Jan Jambon. “Hay que verificar el plano legal, diplomático, político pero también humano del acuerdo”, ha alertado el luxemburgués Jean Asselborn.

Una de las mayores incógnitas deriva de la principal ganancia que espera obtener el Gobierno turco de este trato: la liberalización de visados. Francia ha alertado de que hace falta cumplir nada menos que 72 condiciones que no parecen al alcance de la mano. Y la declaración aprobada el lunes por los jefes de Estado y de Gobierno fijaba en junio de este año la fecha límite.