PAMPLONA. La coordinadora de ONGD de Navarra se ha sumado al comunicado asumido por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD y ha expresado “la más enérgica repulsa” por el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía “como respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria”.

Según las ONGD navarras, este acuerdo “consolida el modelo de ‘devoluciones en caliente’ que España puso en marcha en Melilla (e incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana), a la vez que facilita el ingreso en la Unión Europea de Turquía, donde se suceden los ejemplos de retroceso de los valores democráticos”.

La coordinadora ha añadido que el acuerdo consolida también “el fiasco que está suponiendo la gestión de esta crisis en el marco de la UE”. “La deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo muestra la falta de voluntad política y la incoherencia con sus propias decisiones de la UE”, ha censurado.

Las ONGD han continuado sus críticas señalando que “la falta de escrúpulos de Europa la aleja de sus valores fundacionales y de cualquier credibilidad en su posición ante la defensa de los derechos humanos”. “Lavarse las manos y subcontratar a Turquía la gestión del futuro de millones de personas, a cambio de duplicar la ayuda económica para atender a las personas desplazadas y ceder al chantaje del gobierno autoritario de Erdogan, vulnera el derecho internacional en materia de asilo, pero no sólo eso, también se erige como un respaldo a la inhumanidad de la respuesta de un buen número de estados europeos a la población desplazada”, han criticado.

Frente a ello, la coordinadora de ONGD ha exigido a la Unión Europea y a los gobiernos de los Estados miembros “la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios”.

Asimismo, ha reclamado vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.

En definitiva, ha exigido “la protección de las personas y la garantía del disfrute efectivo de sus derechos humanos, que pasa ineludiblemente por el cumplimiento de la normativa internacional en materia de asilo”.