El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido levantar la suspensión cautelar acordada a principios de noviembre, y solicitada por el Gobierno Español mediante recurso, sobre la normativa de la Generalitat Valenciana reguladora del acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular. La decisión del Alto Tribunal, calificada de “buena noticia” por el president Ximo Puig y su vicepresidenta Mónica Oltra, permite a la sanidad valenciana poder seguir aplicando el decreto ley hasta que haya sentencia firme.

El pasado mes de noviembre la Generalitat solicitó al Constitucional que levantara la suspensión del decreto ley autonómico cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Este decreto fue impugnado por el Gobierno por entender que suponía una extralimitación competencial. El Consell elaboró el decreto ley que fue ratificado por dos tercios de las Cortes Valencianas para dar “más empaque normativo” a una “medida importante” como es volver a establecer “la sanidad universal en nuestra comunidad”.

El decreto ley quedó en suspensión automática por tener el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España, y hoy, con el levantamiento de la suspensión cautelar por parte del Constitucional, el decreto ley valenciano entra otra vez en vigor.

Recurso del Consell

En su recurso ante el Constitucional, el ejecutivo de Ximo Puig argumentó la “imperiosa necesidad”, ya que aludía a la posibilidad de que se produjera un aumento del número de infecciones e ingresos hospitalarios y riesgo de contagio de la población de determinadas enfermedades en el caso de mantenerse la suspensión. En su solicitud, la Generalitat Valenciana citaba los ejemplos de casos en los que se había atendido esta petición de levantamiento en autonomías como el País Vasco y Navarra.

Declaraciones de Ximo Puig

En declaraciones a los periodistas, Puig ha dicho que hasta que haya una sentencia definitiva la Generalitat podrá “garantizar legalmente a todos los ciudadanos que vivan en la Comunitat Valenciana el derecho a la salud, tengan el color de piel que tengan o vengan de donde vengan”. El president ha destacado que la decisión del Constitucional permite prestar el servicio “sin ningún tipo de obstáculo legal” y da garantías para que la universalización de la sanidad sea una realidad en la Comunitat Valenciana.

Ha defendido también que prestar atención sanitaria es una cuestión de sentido común y de racionalidad, y ha dicho que espera que más pronto que tarde el Gobierno central derogue el decreto del PP sobre sanidad universal que es, a su juicio, “absolutamente negativo para los intereses humanos de una sociedad”. La sociedad valenciana, ha declarado, “no entiende” que no se pueda atender a una persona por razón de origen. “No es una cuestión de papeles, es una cuestión de dignidad y de derechos humanos que los valencianos asumimos como propia”, ha agregado. Ha insistido en que los médicos y los centros públicos “ya no tienen que tener ningún tipo de obstáculo” para la atención a inmigrantes.

Reacción de Mónica Oltra

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha explicado que durante el tiempo de suspensión del decreto ley valenciano que devolvía la sanidad universal se aplicaron unas instrucciones ya existentes, lo que “blindaba” la cobertura sanitaria autonómica si bien no tenían rango de ley. Esas instrucciones las aprobó el Gobierno valenciano del PSPV y Compromís para dar cobertura sanitaria a los migrantes que venían de otros países o a ciudadanos españoles que habían permanecido más de noventa días fuera del Estado español, a quienes se devolvió el SIP.

Esta situación continuará de esta forma hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto o hasta que un próximo gobierno central derogue esa normativa, porque lo que ha hecho el Consell es “poner un parche a los recortes de 2012 del gobierno de Mariano Rajoy que han amargado la vida a miles de personas”, según Oltra, que ha indicado que la suspensión cautelar no tiene consecuencias sobre otras autonomías.