La Comisión Europea lleva meses alertando de las negativas consecuencias que tiene la reintroducción de los controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación Schengen, aunque a estas alturas está ya resignada a no recuperar la normalidad al menos hasta finales de 2016.

Las advertencias y llamamientos han caído hasta ahora en saco roto y Bruselas ha decidido cambiar de táctica y cuantificar el impacto que no tener Schengen tiene para el bolsillo de los estados miembros y sus respectivas economías.

Bruselas calcula que a Polonia, Holanda o Alemania les supondría anualmente gastos anuales adicionales de 500 millones de euros solo para el transporte. Las empresas checas y españolas tendrían que asumir más de 200 millones mientras que los Veintiocho tendrían que gastar entorno a 1.100 millones para más asumir los gastos administrativos generados por el personal necesario para controlar las fronteras.

El estudio de impacto incluye también pérdidas de hasta 13 millones de noches hoteleras en la UE, con un coste de 1.200 millones anuales para el turismo, y entre 2.500 y 4.500 millones a cuenta de la pérdida de tiempo relativa a los 1,7 millones de trabajadores fronterizos que se desplazan diariamente a un país vecino a trabajar.

Siete países europeos Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Noruega y Francia aunque este último por motivos de seguridad – mantienen hoy en día los controles y la Comisión Europea acaba de sugerir una hoja de ruta a los gobiernos europeos para recuperar la normalidad.

El objetivo es poner fin a las medidas unilaterales y levantar todos los controles internos, si la situación general lo permite, en diciembre de 2016. Hay una falta de confianza mutua pero hay que avanzar. Es el momento de mostrar lo que significa responsabilidad y solidaridad, recuerda el comisario de interior, Dimitrios Avramopoulos.

Para lograr ese objetivo el principal requisito sigue siendo garantizar un control eficaz de las fronteras exteriores y para ello Bruselas propone una nueva hoja de ruta con plazos concretos y objetivos precisos.

Lo primero será que Grecia presente antes del 12 de marzo un plan de acción con las medidas que piensa adoptar para atajar las graves deficiencias identificadas por Bruselas. Un mes después, el Ejecutivo comunitario dará su opinión y para el 12 de mayo hará recomendaciones al Consejo.

Si Atenas no ha resuelto para entonces los problemas, Bruselas propondrá a los gobiernos activar el artículo 26 del código de fronteras Schengen, lo que permitirá prolongar los controles hasta un plazo de dos años. En paralelo quieren seguir avanzando con su propuesta de guardacostas europeos, con capacidad para ser desplegados en un estado miembro aunque no cuente con su visto bueno, con el objetivo de que esté plenamente operativo en septiembre de 2016. Tres meses después confían en que Europa empiece a recuperar la normalidad perdida.