MADRID – El Ministerio del Interior ha rechazado las dos recomendaciones que le ha formulado la Defensora del Pueblo para regular los rechazos en frontera de los migrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla a fin de garantizar tanto su derecho a un procedimiento individual con asistencia letrada como su acceso al procedimiento de asilo, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, las directivas europeas y los convenios internacionales suscritos por España.

El informe anual de la institución explica que se decidió emitir dos recomendaciones a Interior tras analizar la reforma de la Ley de Extranjería vía Ley de Seguridad Ciudadana que introdujo la figura del rechazo en frontera para amparar la devolución a Marruecos de los migrantes interceptados en las vallas, entregas que debían, según la ley, respetar las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y de protección internacional.

La primera de las recomendaciones se refería a “la necesidad de desarrollar con carácter urgente y por disposición reglamentaria” la figura del rechazo en frontera para Ceuta y Melilla porque la reforma “guarda silencio respecto de cuál debe ser el procedimiento” para aplicarla. “Se recomendó que el citado procedimiento contemplara la necesidad de dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella”, todo ello “de conformidad” con la doctrina del jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, según el informe.

La segunda recomendación se centraba en “la necesidad de dejar constancia escrita en el procedimiento de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata”.

Sin embargo, ninguna de las recomendaciones fue aceptada por Interior, en cuya respuesta se argumentaba que “el objetivo” de la reforma es “reforzar y clarificar la cobertura jurídica de las actuaciones de control y vigilancia fronteriza” que desarrollan en las vallas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con voluntad de “aunar un equilibrio proporcionado” entre la seguridad de las fronteras y “el irrenunciable cumplimiento de las obligaciones internacionales”. – E. Press