BILBAO – Un continente desbordado por la llegada diaria de miles de personas en busca de asilo, una sociedad cuya paciencia está a punto de rebasar el límite de la tolerancia y unas instituciones (a todos los niveles) cuya flemática respuesta ante esta crisis humanitaria está irritando a la ciudadanía. Este es el escenario que ha llevado a que un centenar de ciudades de toda Europa a convertirse mañana sábado, día 27, en un termómetro social del hartazgo con las políticas migratorias europeas, las conjuntas y las particulares de cada país.

Las cuatro capitales de Hegoalde se han sumado a esta iniciativa (que cuenta con el apoyo de más de 130 asociaciones) para reivindicar los derechos de los refugiados y, de paso, denunciar la actitud de algunos gobiernos que les cierran las puertas. Más aún después de que el Parlamento alemán haya aprobado nuevas medidas para endurecer la entrada de refugiados, Austria haya establecido una cuota diaria de admisión (80 personas) y Hungría haya anunciado un referéndum para decidir si acepta o no las cuotas de acogida del plan europeo para reubicar a los demandantes de asilo.

“Afortunadamente subrayaba ayer Vicky Pozo, de la Asociación Mariaenea gran parte de la ciudadanía está éticamente muy por encima de sus gobiernos. No actuar con urgencia, solidaridad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso de la Humanidad. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre las personas supone una gravísima violación de los Derechos Humanos”, apostillaba durante la presentación de la concentración que se celebrará en la capital vizcaina en la plaza del Teatro Arriaga, a las doce del mediodía.

“Es el momento de volver a tomar las calles y decir no a la guerra, y sí a las personas migrantes y refugiadas”, agregaba Pozo. La iniciativa #pasajeseguro servirá además para reclamar a las instituciones y las autoridades con responsabilidades un paquete de medidas imprescindibles para garantizar la atención a esas miles de personas. Por ejemplo, exigen a la UE abrir y garantizar vías legales y seguras para las personas que huyen de conflictos y persecuciones; poner los medios necesarios para evitar más muertes en el Mediterráneo y en el Egeo; coordinar esfuerzos para actuar contra las mafias; y “proteger de forma efectiva el derecho a la reagrupación familiar y los derechos de los menores no acompañados”.

Precisamente ayer el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, llamaba la atención por las medidas restrictivas hacia los refugiados adoptadas por algunos países. “Hay miles de razones por las que un refugiado abandona su país sin documentación válida. La falta de papeles nunca debería ser un motivo para negar un proceso de asilo”, expresaba. “Las graves consecuencias de este tipo de decisiones contextualizaba Pozo ya se están dejando ver. Los discursos y propuestas políticas xenófobas ganan terreno y con ellos la criminalización de las personas extranjeras”.

URGENTE E INTEGRAL

Los convocantes de este marcha ciudadana también leen la cartilla al Gobierno español, al que solicitan que sea posible pedir asilo en embajadas y consulados, que respete los Derechos Humanos de los migrantes “en la frontera sur” y que “contrarreste los discursos xenófobos”. El Ejecutivo vasco, sin competencias en esta materia, tampoco se libra de estas reivindicaciones. Así, se le pide que presione a la Administración española para que active “de manera urgente” los compromisos asumidos en Europa, que fomente una acogida integral y que asegure el acceso de los refugiados que lleguen a tierras vascas a servicios y recursos públicos.

Otra de las voces que ayer manifestó su adhesión a esta iniciativa popular fue la de Toti Martínez de Lezea, quien advirtió que las movilizaciones de mañana sábado están enfocadas más hacia la denuncia de la inacción y las trabas de gobiernos e instituciones europeas y no tanto hacia la concienciación de la sociedad civil. “Es una respuesta a una situación insostenible”, describía la escritora al tiempo que recordaba que “nosotros les pagamos [a los gobiernos] para que nos administren, pero no tienen el derecho ni la posesión de nuestras vidas ni nuestros recursos. Si la población de Europa quiere mayoritariamente que se permita la entrada y que se ayude a esta gente, pues que se haga”.