La Europa sin fronteras puede no sobrevivir a la actual crisis de refugiados. “Nos quedan 10 días” para que las medidas para frenar la llegada de refugiados surtan efecto; “si no, existe el riesgo de que todo el sistema se colapse”, advirtió ayer Dimitris
Avramópulos, comisario europeo del Interior.

Sus palabras pueden sonar alarmistas, pero la situación sobre el terreno no le desmiente. El Gobierno
griego tomó ayer la insólita decisión, entre países de la UE, de llamar a consultas a su embajador en Viena en protesta por las “acciones
hostiles” del Gobierno austriaco. “Los graves problemas de la UE no pueden afrontarse con iniciativas al margen de las instituciones y acti – tudes que tienen sus raíces en el siglo XIX”, se quejó. Su primer ministro, Alexis Tsipras, aseguró anteanoche en el Parlamento que está dispuesto a vetar acuerdos europeos “si no se garantiza un reparto obligatorio de la carga y la responsabilidad ­proporcional entre los estados miembros”.

La protesta diplomática griega llega 24 horas después de que Viena reuniera a nueve países de los Balcanes para coordinar medidas que impidan el paso de refugiados desde Grecia. Atenas quedarse aislada y sola ante el problema de qué hacer con los 4.800 refugiados que cada día llegan a sus costas. Las tensiones entre Grecia y Austria marcaron el Consejo de Ministros del Interior celebrado ayer en Bruselas; la alerta de la protesta diplomática de Atenas llegó durante el almuerzo de trabajo, poco después de que terminara un tenso debate, con intercambios especialmente duros entre la delegación austriaca y griega.

La cita se saldó con un llamamiento a aplicar las decisiones adoptadas a nivel europeo, coordinarse y evitar medidas unilaterales que sólo desplazan el problema al vecino (dejándolos pasar a todos hacia Alemania o impidiendo que entren desde Grecia). Hubo un segundo llamamiento, asumiendo implícitamente el fracaso del primero: todos los países deben poner medios para afrontar una crisis humanitaria en Europa.

La cacofonía continúa siendo la tónica en el aspecto político. El Gobierno austriaco defendió sus últimas medidas para frenar la llegada de demandantes de asilo, en especial el tope de 80 solicitudes al día; esta decisión ha llevado a Serbia y Macedonia, entre otros, a adoptar medidas restrictivas para evitar que se creen bolsas de inmigrantes en su territorio. “Grecia siempre dice que no es posible controlar la frontera externa. Y si Grecia no puede hacerlo, da el mejor argumento para que otros impongan medidas” individuales defendió Johanna Mikl – Leitner, ministra austriaca del Interior. Holanda, presidencia rotatoria de la UE, evitó criticar las iniciativas como la austriaca ante la “fuerte presión” que sufren e insistió en preparar “planes de contingencia” para afrontar la crisis.

“Grecia no aceptará convertirse en el Líbano de Europa, en un almacén de almas, aunque vaya acompañado de más financiación”, advirtió por su parte el ministro griego, Ioannis Mouzalas, que amenazó con “medidas unilaterales” en respuesta a las tomadas por sus vecinos. Ante el tapón que empieza a formarse (Macedonia ya sólo deja pasar a ciertas nacionalidades, los afganos por ejemplo son devueltos), Atenas ha acelerado la apertura de nuevos centros de acogida de refugiados en más puntos de país mientras Acnur busca hoteles para alojar a más.

Alemania y las instituciones europeas se aferran al plan de acción firmado con Turquía y presionan para que dé frutos antes de la cumbre bilateral convocada para el 7 de marzo (de ahí el plazo crítico de 10 días citado por Avramópulos). Frente a la tesis de Austria y sus vecinos de que sólo será posible frenar el flujo de refugiados si se sella la frontera con Grecia, Alemania, Francia y Grecia creen que la solución está más abajo, en la frontera con Turquía.

Hasta la fecha, los resultados del acuerdo con Ankara han sido escasos aunque ayer destacaron algunas “señales importantes”, como que esta semana ha aceptado el retorno inmediato de 800 personas desde Grecia; “es una cifra pequeña, sí, pero es el principio, esa es la única solución”, apuntó el responsable belga de Asilo, Theo Vrancken; a cambio, varios países europeos han aceptado el reasentamiento de algunos refugiados desde campos en Turquía por vías legales. La UE sigue presionando a Ankara para que se implique más. Sólo así se podrá evitar la desbandada general, el retorno descontrolado a las fronteras y el portazo al asilo.

Los problemas no se limitan sin embargo a Grecia, la ruta balcánica o Alemania, destino predilecto de los demandantes de asilo (y más ahora que Escandinavia ha blindado su frontera). El Gobierno francés obtuvo ayer el respaldo del tribunal administrativo de Lille para desalojar parte del campamento de Calais, la llamada Jungla, desde donde al menos 3.700 personas esperan dar el salto al Reino Unido.

Estos planes han puesto en guardia al Gobierno belga, que anteayer anunció controles fronterizos para impedir que algunas de esas personas se instalen en su territorio. El asunto ha hecho saltar chispas entre Bruselas y París. El ministro francés, Bernard Cazeneuve, calificó de “extraña” la decisión belga. “Nunca ha sido nuestra intención enviar excavadoras para dispersar a los inmigrantes”; esta “operación humanitaria” prevé “alojar a todos los que tengan el estatus de demandante de asilo en Francia”, dijo. Las autoridades belgas están devolviendo a todo aquel que llega sin papeles y no pide asilo en el país.