Amnistía internacional (AI) advierte, en la presentación de su informe anual, que los gobiernos de muchos países han infringido abiertamente el derecho internacional y están debilitando intencionadamente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas. Salil Shetty, secretario general de la organización, ha afirmado que “no solo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen”.

La organización ha documentado en su informe el número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo y las ha cifrado en al menos 60 millones. Más de 122 estados han ejercido la tortura u otros malos tratos y 29 obligaron ilegalmente a personas refugiadas a volver a sus países de origen donde corrían peligro. Gobiernos o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las ’leyes de la guerra’ en al menos 19 países y se violó el derecho internacional humanitario. Además en 113 países se restringió de alguna manera el derecho de expresión y de libertad de prensa, en al menos 61 se encarceló a presos de conciencia, y en más de la mitad (en el 55%) se impartieron juicios injustos. 

#Iraq: 92 death sentences in 2016 are grim indicator of broken justice system. #DeathPeanlty https://t.co/jc1EKpylfy pic.twitter.com/BuTZvDa9py

#Egypt: reports of #torture and enforced disappearances are rising. This MUST stop now. https://t.co/8DpEdFtBDW pic.twitter.com/k2tHn7NL7H

Estos datos, recogidos en el informe anual 2015 – 1016 elaborado por la organización, ilustran tan solo algunas de las acusaciones que Amnistía Internacional ha lanzado contra los gobiernos de más de 160 países. “Muchos gobiernos han impedido a propósito que la ONU actúe para evitar atrocidades masivas o para obligar a rendir cuentas a los autores de estas atrocidades, y no han escuchado o han despreciado las recomendaciones destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos”, explica el informe. “El conflicto sirio es un ejemplo terrible de las consecuencias catastróficas del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas”, añade.

España no es un caso aparte, y así lo ha explicado Esteban Beltrán, director de AI en España. “A España se le ha llamado la atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria cerca de 750.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular; o por no haber adoptado una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos, con una atención especial a personas en situación de vulnerabilidad”, ha explicado Beltrán.