Solo quiero que la Policía los coja antes que nosotros. Si los cogemos nosotros, tendrán la pena de muerte». La mujer, con pañuelo en la cabeza y de luto riguroso, levanta el dedo índice para pronunciar su amenaza. No parece un farol: Ramona es la madre del joven asesinado el 23 de enero en un pub del Puerto Olímpico de Barcelona y pertenece al clan gitano de los Baltasares, que acusa a otros siete hombres, además del detenido en Bilbao, de matarlo con navajas y botellas rotas. Entre 200 y 500 vecinos de los barrios de La Mina, en Sant Adrià de Besós, y Sant Roc, en Badalona, han salido de sus casas con lo puesto para evitar la venganza: son los sospechosos del crimen, pero también sus padres, sus hijos, sus hermanos y sus primos. Si la represalia se completa, sus casas serán saqueadas o quemadas, para hacer más difícil su regreso. «No pueden volver a Cataluña. Jamás», zanja Ramona.

Estos hechos son un efecto colateral de la sangrienta mezcla de dos leyes milenarias que no son exclusivas de la cultura tradicional gitana: la del Talión, por la que un delito se paga con un castigo equivalente al daño ocasionado, y la deuda de sangre, que obliga a los familiares de la víctima de un crimen a escarmentar a quien lo ha cometido o cualquiera de sus allegados, creando un interminable círculo vicioso de violencia que puede durar varias generaciones.

Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní, radicada en Barcelona, se muestra impotente ante el ajuste de cuentas anunciado por los Baltasares. «Poca intervención puede hacerse en estos casos y mucho menos en caliente», admite Ramírez, de 73 años, que en 1977 se convirtió en el primer diputado gitano y que lamenta el «mal irreparable» que estos sucesos causan, no solo a las familias directamente afectadas, sino a la imagen de su comunidad.

«Somos muchos los gitanos y gitanas que estamos en contra de la pena de muerte. Nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. Y para los creyentes la vida es un don de Dios», asegura el dirigente calé, quien recuerda que la inmensa mayoría de los gitanos españoles son cristianos evangélicos. «Desde el ‘ojo por ojo’ bíblico los pueblos han ido evolucionando hacia formas de vida más justas y respetuosas. Pero hay costumbres que con el transcurso de los siglos se han convertido en ley y no se cambian de la noche a la mañana», concluye.

Una república de primos

Juan Gamella, profesor de Antropología Social de la Universidad de Granada, admite que los vínculos familiares constituyen el eje principal de la vida social de esta etnia – «son, en gran manera, una república de primos» – y muchos siguen teniendo un sentido colectivo o familiar de la responsabilidad. Pero el investigador advierte de que los calés españoles son «una minoría étnica muy heterogénea: pensar en una cultura aislada, cerrada y opuesta a las costumbres e instituciones mayoritarias es un error. La mayoría rechaza esta imagen de primitivos vengativos y violentos que se les cuelga como un sambenito».

«Desde su perspectiva es fácil de entender: si te cruzas por tu calle con el asesino de tu hermano, tu hijo o tu padre, o con alguien ‘de su sangre’ y hay, o crees que hay, burla, desprecio, arrogancia u orgullo por esa muerte, saltarás y el choque violento se repetirá. Por eso es mejor no verse, evitarse, quitar la ocasión de que la venganza se produzca y, a su vez, engendre más venganza», resume Gamella. Es un esfuerzo de paz.

El profesor critica el estereotipo: la mayoría de las familias calés jamás han tenido una deuda de sangre; solo algunas, «muy peleantas». Entre los romaníes españoles no existen los tribunales o ‘kris’ que operan, por ejemplo, entre los de Rumanía y Eslovaquia. Sí existe la figura de los «hombres de respeto», que pueden mediar entre dos partes en conflicto, pero no tienen poder coercitivo.

Manuel Martín, presidente de la asociación Presencia Gitana, con sede en Madrid, rechaza valorar los sucesos «lamentables» de Barcelona y prefiere hacer una lectura positiva: «Estas situaciones cada vez son menos frecuentes». Y desaparecerían por completo con más educación y una lucha efectiva contra la marginación del pueblo gitano, reflexiona Martín, que responsabiliza «absolutamente» a los poderes públicos por el analfabetismo de los adultos, del 70%, o el abandono escolar de los niños. «Desde los Reyes Católicos hasta Franco se dictaron 250 normas para acabar con ellos y no se consiguió – recuerda – . Es necesaria una reparación histórica».

En todo caso, el destierro resulta eficaz como medida de pacificación: «En el mundo calé, la colectivización del conflicto se evita poniendo tierra de por medio. Los gitanos nunca han montado una guerra civil. Los payos sí: produjo un millón de muertos».