Chabolismo, la punta del iceberg de la crisis del colectivo rumano

Las ONG advierten que hay más casos de alta exclusión ANAFE y ADSIS abogan por intervenir más allá del realojo

Diario de Noticias, Ana Ibarra | Oskar Montero, 21-02-2016

pamplona – 7.500 rumanos residen en Navarra, más de 3.000 en Pamplona. Las chabolas de Santa María la Real, una estampa que no veíamos en la ciudad desde que se tiró el poblado de Santa Lucía, no son sino la punta del iceberg de la realidad de muchas personas en situación de alta exclusión que viven en infraviviendas o de forma itinerante buscándose la vida. Las entidades sociales consultadas coinciden en la necesidad de realojar a estas cuatro familias dadas las condiciones de insalubridad del campamento pero creen que el problema va más allá de un techo. Ahora son este grupo pero el goteo de personas llegadas de los países del Este y que no tienen acceso a los sistemas de protección social es continuo. Los rumanos – también búlgaros – que han venido en los últimos años a nuestra comunidad son uno de los colectivos más castigados por la crisis, subrayan. Al no tener trabajo o perderlo se enfrentan a mayores dificultades dada su escasa formación. Eduardo Jiménez, de la fundación ANAFE, destaca que muchos de ellos llegaron hace siete u ocho años, desde la entrada de sus países (Rumanía y Bulgaria) a la Unión Europea (2007). Trabajaron en el sector de la construcción o como camioneros, agotaron sus prestaciones y ahora están inscritos en el SNE como demandantes de empleo. “Sin habilidades sociales y sin manejo del idioma es muy difícil su incorporación laboral”, exponen. Lo mismo ha ocurrido en el caso de mujeres que han trabajado como empleadas de hogar o en supermercados y comercios, y que no han cotizado lo suficiente.

Los recién llegados se enfrentan además a unas trabas administrativas que deben solventar: sin trabajo no pueden inscribirse en la oficina de ciudadanos comunitarios. “No están en situación irregular pero muchos de ellos no pueden inscribirse como demandantes de empleo, de manera que tampoco pueden acceder a prestaciones como la renta de inclusión social. Pueden venir, pero no pueden inscribirse desde 2012 en la oficina Extranjería lo que les sitúa en una especie de limbo legal”, observa Eduardo.

A pesar de la crisis cada año entran a nuestra comunidad entre 300 y 500 rumanos, y otros tantos búlgaros (hay 15.000 en Navarra). “Es un flujo que no se detiene. Algunos vienen de fuera, otros del interior del país” pero desde ANAFE tienen claro que “la mayoría se dedica a trabajar”. “Por supuesto que hay mafias y control de la mendicidad pero no hay que olvidar que son los menos aunque estén muy sobrexpuestos. Como vemos a personas pidiendo en las puertas de las iglesias o en lo periódicos cortando cables de cobre lo generalizamos. Es un colectivo mucho más amplio y heterogéneo”, remarca. Eduardo sabe de lo que habla. ANAFE trabaja en coordinación con los Servicios Sociales con rumanos con necesidades en barrios como el Casco Viejo. “Tienen una características diferentes, tienen más dificultades porque llegaron en un contexto de crisis además”, reconoce.

La solución para estas familias pasa por intervenir de manera individualizada, garantizar una “solución habitacional protegida y trabajar todos aquellos factores que tienen que ver con la integración”. “Primero hay que saber quiénes son estas personas y qué están haciendo aquí, un diagnóstico de situación, el porqué aquí y ahora”, agrega.

Tiene claro que la sociedad en general, la ciudad, no ve el poblado de chabolas como lo que verdaderamente es, “la guinda del pastel”, una realidad que esconce un problema mucho mayor: “Ponemos el foco en cuatro casetas que están al lado del club Tenis de Pamplona cuando en esta comunidad ha habido asentamientos de 150 personas y nos ha importado un carajo, nadie ha movido un dedo…”. “En dos semanas podemos resolver el problema del chabolismo pero lo importante es que trabajemos desde una óptica preventiva”, abunda.

acompañamiento También Gilberto Padrón, de la Fundación ADSIS – Santa Lucía, cree que en Pamplona y Comarca faltan recursos residenciales para este tipo de casos. En concreto, viviendas de emergencia para realizar una primera acogida provisional hasta buscar otros alojamientos más estables. La ONG para la que trabaja conoce casos como éstos de alta exclusión a los que se ofrece una vivienda con acompañamiento social que se realiza desde las entidades sociales y con apoyo del Gobierno foral. Padrón comparte que es importante analizar cada caso con detenimiento y tener en cuenta que los logros sólo se obtendrán “con los años”, que no se pueden pretender efectos inmediatos en materia de integración social.

“Es muy importante que haya un acompañamiento adecuado y, en estos casos, intensivo, que mejoren sus condiciones de vida, que se busquen soluciones en el tema de documentación y papeles, idioma, empleabilidad, alojamiento…”, expone. El acceso a la vivienda no es sólo cuestión de alojamiento sino que debe abordarse desde un plano “pluridimensional”. “Una vivienda es un espacio de intimidad y de relación con el entorno y con los vecinos, y todo eso hay que atenderlo a la hora de realojar a estas personas”, abunda.

Por su parte, los técnicos del Ayuntamiento de Pamplona, según consta en un informe de los Servicios Sociales, consideran muy complicado poder intervenir con los ocupantes del poblado porque no realizaron ninguna demanda concreta y muestran una “motivación baja” para cambiar su forma de vida. Hablan de una situación de “gran precariedad sanitaria y de salubridad” y plantean la necesidad de hacer un seguimiento. Un problema complejo, con soluciones complejas y que, casi siempre, nos conciencia de la realidad a través de una imagen.

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