Un millón de refugiados llegaron a Europa durante 2015 : 15 mil de ellos, al Reino de España. En lo que va de año, la media de personas que entran en el espacio de la Unión Europea para pedir protección internacional es de unas 2.200 personas diarias.

Más allá de las cifras concretas, los números demuestran que la realidad del refugio crece y que ha llegado para quedarse. Intentar responder ese reto con más vallas, pintando puertas de rojo, confiscando bienes a quienes vienen, racaneando el auxilio, pagando a terceros países para que alberguen refugiados o suspendiendo la libre circulación de las personas dentro del espacio Schengen, no resolverá el problema, sino bien al contrario, lo agravará. Y es que al obligado movimiento de las personas víctimas de la guerra y la violencia, hay que sumar, de un lado, el sufrimiento, la arbitrariedad y la muerte por no encontrar vías seguras para efectuar el desplazamiento al que los refugiados se ven forzados; y del otro, los efectos que provoca en la calidad democrática el no cumplimiento de los compromisos libremente aceptados que con la legalidad internacional tiene la Unión Europea y los 28 Estados que la componen. Además, existe un tercer y perverso efecto provocado por esta forma de orientar la realidad del refugio: la xenofobia y el racismo que ahondan los miedos de parte de nuestras sociedades y se alimentan de desempleo, recortes en las políticas sociales y ansias de supuesta seguridad.

Como bien se ha señalado en diversas aportaciones al debate, encarar seriamente todos los retos que nos supone (a la ciudadanía y a los Estados) la llegada de personas refugiadas implica una política prolongada en el tiempo, pero sobre todo, una política basada en derechos.

Parece evidente que la seguridad para la población no la proporciona la alambrada más alta o el policía mejor armado. Al contrario, lo primero es mirar cara a cara a la realidad y no empeñarse en negarla o apartarla. La actual crisis de refugio y migración tiene profundas razones que beben en el neoliberalismo y en la explotación inmisericorde de recursos, así como en el uso sin escrúpulos de divisiones y fraccionamientos sociales. Solo será posible avanzar frente a ello, con la aplicación de los derechos reconocidos por la legalidad internacional y del uso de los instrumentos que ésta, hoy por hoy, nos otorga.

Precisamente por todo lo anterior, resulta imprescindible reseñar el papel fundamental que las ciudades juegan en el desarrollo y el ejercicio de cualquier política basada en los derechos y, en este caso que nos ocupa, en los relativos a la acogida, la autonomía y la integración de las personas refugiadas. Cuando un buen número de ciudades europeas, ente ellas una cantidad nada despreciable de españolas, tomaron resoluciones afirmando su voluntad de acoger a personas refugiadas (Refugees Welcome), estaban haciendo frente positivamente a una responsabilidad democrática tan fundamental como ineludible. Responsabilidad para que la que fue determinante el apoyo y complicidad del tejido asociativo. Fue justamente esa imprescindible colaboración entre actores y movimientos sociales de todo tipo y los ayuntamientos, lo que en última instancia dio alas y base a un movimiento que permitió mostrar una de las mejores partes de nuestras sociedades.

Unos meses después de ese esfuerzo, es importante seguir insistiendo en el papel de ayuntamientos y tejido asociativo, en la necesidad de dotar su iniciativa de medios materiales y recursos para que la integración legal, económica y social de las personas refugiadas en el país que las acoge sea una realidad. La integración se da siempre en un espacio determinado y ese espacio, en muchas de sus dimensiones, es precisamente la ciudad.

Reforzar su protagonismo, su peso en la política pública es fundamental para construir sociedades más democráticas, más seguras y desmontar los muros que hoy impiden una y otra cosa. Sin duda hay problemas de dinero, pero también y, sobre todo, de voluntad política por reforzar y reconocer este núcleo básico de cualquier democracia que es el ámbito municipal.