Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) han descendido en 1.194 en el último año, una caída que coincide con la mejora del mercado laboral en Euskadi al calor de la recuperación económica. La ayuda social destinada a cubrir las necesidades básicas de ciudadanos sin recursos fue percibida por 64.675 familias en enero, 51 menos que el mes anterior, según los datos oficiales del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).

Los perceptores de la RGI tocaron techo en mayo del pasado ejercicio, cuando alcanzaron un récord histórico al situarse en 66.373. Desde entonces mantienen una línea de moderado retroceso. De hecho, 2015 se cerró con la primera bajada anual de los demandantes del subsidio desde el inicio de la crisis, aunque su número es aún muy superior al que se registraba en plena recesión, cuando creció a un ritmo extraordinariamente acelerado. Las personas que cobran la ayuda son hoy 16.000 más que a finales de 2009, a pesar del recorte del paro y de la creación de puestos de trabajo en ese periodo. El fuerte aumento de los desempleados de larga duración – a los que en muchos casos se les han agotado las prestaciones – explica en buena medida ese hecho.

Dos de cada tres beneficiarios de la RGI tienen la nacionalidad española. Más de la mitad – el 56,6% – son mujeres . Los 23.339 extranjeros que la recibieron en enero representan un 36,08% del total. Entre ellos destacan los procedentes de América del Sur (8.536), los países del Magreb (6.304), el África subsahariana (4.585) y el resto de la UE (2.064).

Los inmigrantes que cobran la RGI tienen un mayor peso proporcional en Álava, donde casi son la mitad – el 48,76% – , con predominio de los magrebíes.

La ley que regula la RGI asegura unos ingresos mínimos – entre 619 y 950 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar – a los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra – por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía – , Lanbide les abona la diferencia. Esta ayuda es compatible con la prestación complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos.

La mayoría de los perceptores son ciudadanos de entre 30 y 50 años, y mayores de 65. En este último caso, por lo general, personas que cobran pensiones muy bajas, que son complementadas por el Gobierno vasco dentro de su política de lucha contra la exclusión social.