El Gobierno francés perdió ayer a su integrante más a la izquierda con la dimisión de Christiane Taubira como ministra de Justicia. El presidente François Hollande aceptó su renuncia el mismo día en que llegaba al Parlamento la reforma constitucional para retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo, medida con la que discrepaba abiertamente la dimisionaria. La bestia negra de la ultraderecha y la oposición conservadora desde la promulgación bajo su tutela en el 2013 de la ley del matrimonio homosexual fue sustituida por Jean-Jacques Urvoas, experto en temas policiales y próximo a Manuel Valls, que ve reforzada su línea pragmática, dura y autoritaria como primer ministro.

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La dimisión de Taubira, que el martes cumplirá 64 años, culmina el giro derechista emprendido por el tándem Hollande-Valls. La apertura de liberalismo social a los empresarios ya había costado hace un par de años los abandonos por el flanco izquierdo de los ministros Arnaud Montebourg, Benoît Hamon y Aurélie Filippetti. El repliegue a posiciones represivas y restrictivas de las libertades públicas tras los atentados yihadistas que en el 2015 causaron cerca de 150 muertos se salda ahora con la salida del último baluarte de una izquierda clásica y ortodoxa que se queda huérfana y desamparada.

Hollande se resignó a perderla por la necesidad de otorgar «una ética colectiva y una coherencia fuerte» a su política, apuntó el ministro portavoz, Stéphane Le Foll. Por su parte, Taubira proclamó que al terrorismo «no debemos concederle ninguna victoria, ni militar, ni política, ni diplomática, ni simbólica».

Pérdida de nacionalidad
La suerte de Taubira estaba echada desde que se opuso con rotundidad a la retirada de la nacionalidad de los terroristas, la medida más simbólica de la respuesta legislativa de Hollande al desafío yihadista. La redacción inicial de la reforma constitucional, presentada el 23 de diciembre último al Consejo de Ministros, preveía que una persona francesa de nacimiento que tenga otra nacionalidad pueda ser despojada de la ciudadanía gala si es condenada por atentar gravemente a la seguridad del país. La medida abrió un frente de resistencia, abanderado por Taubira, en el flanco izquierdista del socialismo.

Antes de su examen parlamentario a partir del 5 de febrero, el texto llegó ayer a la comisión de leyes de la Asamblea Nacional donde Valls anunció que no habría ninguna referencia a la binacionalidad para no establecer discriminaciones respecto al derecho de suelo. En paralelo, Francia se comprometerá a ratificar el convenio internacional de 1954 que proscribe la creación de nuevos apátridas.

La reforma también incluye la consagración en la Constitución del estado de emergencia, situación de excepción instaurada tras los atentados del 13N y que el Gobierno quiere prorrogar otros tres meses a su expiración el 26 de febrero. En su comparecencia de ayer, Vallas aclaró a los legisladores que «el estado de emergencia es un régimen de excepción, necesariamente limitado en el tiempo».

Un sustituto de confianza
Desembarazado de la única voz discordante con su política de firmeza, Valls gana además en la estratégica cartera de Justicia una personalidad de su plena confianza. Bretón de 59 años, Urvoas milita desde su mayoría de edad en el Partido Socialista donde tiene reputación de ser un hombre de orden, una apreciación no forzosamente elogiosa entre los camaradas más radicales.

Fue él quien preparó la ley que, tras la matanza en Charlie Hebdo, legalizó las actuaciones hasta entonces clandestinas de los servicios secretos para luchar contra la amenaza terrorista.