Un juzgado de Santiago, en colaboración con la Policía Nacional, 
investiga si tres monjas de origen indio eran retenidas contra su 
voluntad en un convento de clausura de la capital gallega.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Fue una monja que había pertenecido a la congregación la que se  presentó en dependencias policiales de Madrid el pasado 7 de enero  para denunciar que “varias de sus compañeras querían abandonar” el  convento de las Mercedarias de Santiago y que “hasta el momento no lo  habían conseguido”.

Los agentes iniciaron entonces una investigación que culminó este  sábado, cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de  Santiago, Ana López – Suevos, envió a la Policía al convento para  comprobar la veracidad de la denuncia.

La comitiva judicial se personó el sábado en el convento con un  auto que le permitió acceder a cinco monjas procedentes de la India,  de las cuales tres mostraron su voluntad de salir del convento, no  así las otras dos. En ese momento, la comitiva judicial facilitó su  salida, para lo que tuvo que requerir a la congregación los  pasaportes de las mujeres, según han confirmado a Europa Press las  fuentes jurídicas contactadas.

Así, han explicado que las tres mujeres procedentes de la India  que deseaban abandonar el recinto no tenían la documentación con  ellas y, de hecho, en sus declaraciones mostraron que desconocían su  situación documental.

POSIBLE DEPORTACIÓN

Precisamente, el fondo de la investigación, que como no hay  denuncia de las mujeres depende de que siga adelante del  posicionamiento de la Fiscalía tras llevarse estas diligencias  previas a reparto, radica en si estas mujeres no podían tener acceso  a su documentación personal y si sufrían coacciones de algún tipo  para no abandonar la clausura.

“Una vez que decidieron irse, hubo que pedir a la congregación los  pasaportes”, han explicado las fuentes consultadas. En sus  declaraciones, explicaron que conocían el trabajo que la congregación  hacía en la India, que era una labor social y educativa, y que  entendían que “iba a ser igual” en España.

Las mujeres llegaron a la congregación compostelana procedentes de  la India hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad.

Lo que se desprende de su declaración judicial, han explicado las  mismas fuentes, es que eran advertidas de la posible deportación si  abandonaban el convento. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1  de Santiago investiga en que condiciones y bajo qué motivos fueron  deportadas otras dos monjas indias de la misma congregación en 2011,  a pesar de tener permiso de residencia.

ACTUACION FISCALIA

La Fiscalía tiene ahora que valorar “los indicios” para decidir si  actúa de oficio en el caso de las tres monjas originarias de la India  supuestamente retenidas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, las mujeres  que fueron monjas de clausura no han presentado denuncia, por lo que  dependerá de la actuación de la Fiscalía para que siga adelante.

Por el momento, la fiscala encargada del caso es Aránzazu San  José, la misma que actuó en casos como el juicio contra siete ediles  del Gobierno local de Santiago cuando Angel Currás (PP) era el  alcalde de la ciudad.

La principal preocupación del Ministerio Fiscal, según han dicho  fuentes de esta institución, era garantizarles una lugar de acogida  por su situación de vulnerabilidad y “desamparo”. Las mujeres  permanecen en un centro de acogida bajo tutela judicial.

Una vez que pase a reparto, la Fiscalía “tiene que decidir si hay  o no” indicios de delitos y cuáles serían, y si sigue con la causa y  pide la declaración en calidad de investigado (antigua figura del  imputado) de alguna persona.

EL ARZOBISPADO NIEGA RETENCIÓN

Por su parte, el Arzobispado de Santiago ha negado que las monjas  afectadas por este caso estuviesen retenidas en el convento, al  tiempo que ha aclarado que las mujeres habían iniciado un proceso  para dejar los hábitos.

Fuentes del Arzobispado han confirmado a Europa Press que la  congregación les ha trasladado que las mujeres “no estaban retenidas”  en el convento ni se habían producido “coacciones”. A mayores,  sostienen que tampoco se les había “retirado la documentación”.

El Arzobispado ha recordado que en ocasiones se producen  “determinados momentos” en los que las monjas deciden “abandonar la  congregación”, para lo que hay que iniciar un proceso de “dispensa de  votos” que “lleva su tiempo”.

En este caso, sostiene el Arzobispado, las religiosas – – que llevan  “entre 15 y 17 años en la institución” – – , iniciaron en el verano “un  proceso de discernimiento, planteándose incluso la posibilidad de  dejar la comunidad”. La solicitud formal a la madre superiora,  apuntan, se produjo “el 14 de enero”.

La documentación para solicitad esta dispensa, han informado,  “quedó concluida a nivel diocesano el pasado 21 de enero” y se estaba  a la espera de su remisión a la congregación correspondiente de la  Santa Sede, por lo que el Arzobispado ha mostrado su “sorpresa” por  el “revuelo” generado. No consta en la congregación que las  religiosas solicitasen “la exclausatración” con anterioridad a esta  fecha.