Primero llegó como rumor de fondo, después como advertencia. Pasó a ser una amenaza y ahora está a un paso de ser una triste realidad. Schengen, el espacio europeo de libre circulación, se encuentra, más que nunca, al borde del colapso. Lo advirtió hace unos días el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk: «Tenemos menos de dos meses para lograr una solución». Y lo han dejado prístino los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) en Ámsterdam, que ya han pedido, en su mayoría, la aplicación del artículo 26 del Código Schengen, que en última instancia supone la reintroducción de los controles fronterizos hasta un máximo de dos años.

«Los plazos ya no son suficientes», explicó el secretario de Estado de Seguridad y Justicia de Holanda, Klaas Dijkhoff, cuyo país preside este semestre la UE. «No bastan para resolver la crisis actual y por eso se ha invocado el artículo 26 y pedimos a la Comisión Europea que busque otras vías para continuar con las medidas nacionales de control de fronteras que, por desgracia, son ahora mismo necesarias».

La Comisión tiene ahora la pelota en su tejado. El procedimiento exige que Bruselas haga una evaluación de la situación de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Una especie de test de estrés para ver cómo están y cómo estarían si aumentan los flujos migratorios.

Si el test muestra deficiencias, la Comisión tendrá que proponer medidas para solucionarlo, dando hasta tres meses para subsanarlas. Y si al finalizar ese periodo estimara que la amenaza sigue estando ahí, tendría que proponer al Consejo, a los ministros y luego a los jefes de Gobierno, la vuelta de los controles fronterizos.

«Tenemos que ser capaces, con imaginación creativa y voluntad política, de hacer compatible el mantenimiento del código Schengen y una interpretación del artículo 26 que permita que se garantice la seguridad. No es fácil, pero el arte de la política es hacer que lo que es necesario sea posible. Hay un problema, decir lo contrario sería negar la realidad. Pero sería un grave retroceso que la libre circulación se perdiera», explicó el ministro español, Jorge Fernández Díaz.

El panorama es tan sombrío que ahora mismo parece inevitable. Grecia es manifiestamente incapaz de gestionar el flujo de refugiados. Entran demasiados por las islas y el país no hace lo que manda la legislación: registrarlos, identificarlos y procesar las solicitudes de asilo.

El Gobierno heleno los traslada desde las islas a Atenas y, desde allí, éstos salen por tierra camino de otros países de la Unión Europea. Y han dicho basta. Ya hay más de media docena de países que han anulado temporalmente la libre circulación. Hungría y Eslovenia han pedido que se construya un muro en Macedonia para evitar que los refugiados dejen Grecia libremente. «Sí, de eso se ha hablado, y mucho», confirmó Fernández Díaz.

«Si la situación no cambia y continúa el riesgo para el orden público y para la seguridad interior, algunos estados miembros podrían mantener los controles en sus fronteras interiores más allá del tiempo previsto», se lamentó en la rueda de prensa el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos. Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega ya lo hacen. Hungría ha levantado un muro, y Eslovaquia y Eslovenia están al borde.

En la práctica, y aunque no se dijera de forma oficial, el problema es griego. Aplicar el artículo 26 da al Estado heleno tres meses para un cambio que no puede efectuar. Y si se aplica en toda su extensión y consecuencias, y al mismo tiempo se hace un muro por el otro lado, el desastre, y el aislamiento, están garantizados, por mucho que los ministros trataran de negarlo ayer al salir de su encuentro: «Es irrealizable, imposible».

Lo que no logró la crisis económica puede lograrlo, de otra manera, la de los refugiados. «Si no podemos proteger la frontera externa de la Unión Europea, la frontera greco-turca, entonces la frontera externa Schengen tendrá que moverse hacia el centro de Europa», amenazó la ministra austriaca, Johanna Mickl-Leitner, que mantiene la postura más dura desde hace semanas.

«Por el momento, Schengen está a salvo», dijo, con poca fe, el italiano Alfano. «Pero tenemos pocas semanas para evitar que se disuelva por los egoísmos nacionales». «Vamos a ejercer presión sobre Atenas para que haga sus deberes», avisó el alemán Thomas de Maizière.

Lo que ayer no quedó resuelto en Ámsterdam fue, por un lado, el futuro de la guardia europea de fronteras, la nueva agencia de fronteras europea que cuenta con la oposición de un gran número de capitales. Entre ellas, Madrid, que se niegan a aceptar un cuerpo que, potencialmente, podría imponerse a las autoridades nacionales e intervenir ante una crisis de calado (como la actual en Grecia) incluso contra la voluntad de un Gobierno.

El segundo tema es qué hacer con los refugiados, cuando menos de 400 de los 160.000 previstos inicialmente han sido reubicados desde Grecia e Italia. Los ministros insinúan que los hotspots, los centros de identificación que se están levantando en Grecia e Italia, deberían convertirse al mismo tiempo en centros de acogida más o menos temporales, para evitar desplazar el problema hacia otros países. Pero, al mismo tiempo, asumen que «es imposible si se trata de miles o decenas de miles de personas». Lo que ocurriría en cuestión de días, dado el flujo de llegadas en diversas épocas del año.