Las propuestas de Junts pel Sí sobre la Renta Mínima de Inserción son escasas. La realidad es que se vuelve a la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 2011 eliminando los criterios de restricción que impuso el gobierno de CiU en agosto de 2011, y que supusieron pasar de 380 a 211 millones de gasto. Es prácticamente volver a lo que había sido el Programa de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI). No digo que no esté bien, pero no resuelve la pobreza y supondrá mantener el concepto de caridad en una política pública.

El actual modelo de renta mínima es un parche. Hay dos conceptos claves para entender qué hacen los gobiernos con los diferentes modelos de RMI. Primero está el concepto de la necesaria justicia para que todos puedan vivir con un mínimo de condiciones. Luego está el concepto y la política que surge de este concepto por los que no pueden, los que han bajado del tren, y que acaban perdiendo cualquier posibilidad. A todas estas personas se las dirige a la renta mínima de inserción. Nosotros queremos romper con esta dicotomía y por eso planteamos la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

A partir de la crisis muchas veces se habla de diferentes tipologías de pobreza: la energética, la infantil, la de los abuelos, la que sufre la gente desahuciada o migrante, etc. Yo siempre me he opuesto a establecer tantas categorías de pobreza, porque entonces vamos aplicando medidas paliativas para los niños, los ancianos, los inmigrantes. Esto parcializa el conflicto de la pobreza, y es que no hay más que una única pobreza: la de la gente que no puede llegar a los mínimos necesarios. Lo que hace falta es resolver la pobreza de forma global, no resolver temas parcialmente, que está muy bien y no digo que no haya que hacerlo.

Catalunya no sólo no tiene resuelto el tema de la pobreza sino que Catalunya es de las regiones líderes en Europa y en España en crecimiento de la desigualdad social. El resultado de 8 años de crisis en el mundo, y Catalunya no es una excepción, es que los más ricos del mundo han incrementado entre un 15 y un 40% su patrimonio, según diferentes estudios como el de la fundación Foessa o Oxfam.

Se trata de cambiar la situación actual y empezar a garantizar el derecho de poder vivir con un mínimo de dignidad. Partiendo de aquí, esto se puede calcular a través de diferentes índices existentes a partir del cual se vive con una pobreza severa o relativa: salario mínimo, índice de pobreza relativa, etc. Se use el indicador que se quiera, el umbral de pobreza se encuentra alrededor de los 680 a 700 euros. Esto debe ajustarse a unidades familiares: no es lo mismo que entre un solo sueldo o un subsidio en casa que ambos, y también cambia según el número de hijos.

La RGC quiere garantizar el mínimo vital a través del cual una persona, trabaje o no trabaje, pueda vivir con un mínimo de dignidad. Todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero no hay trabajo, es un pez que se muerde la cola. Hay que tener en cuenta que perder el trabajo, buscarlo y no encontrarlo lleva a un sufrimiento personal y familiar muy importante. La sociedad y los poderes públicos tienen que garantizar que estas personas no caigan al pozo.

El texto de la ILP habla de 664 euros, modificables periódicamente, ahora ya serían unos 680.

El gasto que tenemos calculado sería de unos 2.500 millones de euros anuales. Dependiendo de lo que acaben decidiendo los grupos políticos, podría haber alrededor de un millón de beneficiarios.

Tendremos que trabajar mucho. El PP se ha opuesto de manera clara y propone un incremento de la renta mínima actual. Está dicho, explicado y en trabajo de más de 80 comparecencias parlamentarias que la renta garantizada es posible y se puede pagar.

Las administraciones tienen recursos y los recursos son prioridades. Cada día el Estado español gasta 52 millones de euros en gasto militar. No es verdad que no haya dinero. Nosotros apostamos por un mayor control del fraude fiscal en Catalunya, que está cifrado entre 16.000 y 19.000 millones de euros, y en el conjunto de España ronda los 70.000. La Generalitat puede modificar partidas e impuestos propios, como el de sucesiones.

El calendario se nos ha ido a pique dos veces por las elecciones anticipadas. Por lo tanto hemos concluido que es mejor no poner fechas concretas. Si se aprobara durante el 2016, no sería efectiva hasta el 2017. Se trata de hacer una tarea constante con los diputados e ir persiguiendo nuestro objetivo. Cuando comenzaron las comparecencias parlamentarias en septiembre de 2014 no se siguió el orden establecido y numerosas organizaciones tuvieron que hacer un llamamiento al Parlament porque daba la sensación de que la institución tenía una explícita voluntad dilatoria con la renta garantizada. Esperamos que no vuelva a pasar.

En las Islas Baleares el gobierno aprobó el proyecto de la ley de la renta social garantizada a finales del año pasado. Por otra parte, el País Vasco y Navarra tienen un PIRMI que resuelve los temas básicos de pobreza. Los gobernantes catalanes tienen cada vez tienen menos excusas para no sacar adelante la renta garantizada.