La incapacidad de Europa para gestionar la llegada de cientos de miles de personas que huyen de la guerra de
Siria o de la miseria, aprovechando el vacío de poder en Libia, puede ser el detonante de un cambio radical en la política de asilo
común. El sistema actual “no funciona como debería”, ha admitido en repetidas ocasiones Jean – Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que en marzo propondrá algunos cambios fundamentales en la manera en que la Unión Europea gestiona el derecho al asilo.

La normativa actual, el famoso reglamento de Dublín, pone gran parte de la carga en los países fronterizos. Como norma general, estipula, los demandantes de asilo deben presentar su solicitud de protección en el primer país de la UE que pisen. Las magnitudes de la crisis actual han llevado al colapso del sistema: sensu estricto, habrían sido Grecia e Italia los países que deberían haberse hecho cargo del más de un millón de personas que este año ha llegado a sus fronteras. No es lo que ha ocurrido. El principio no se ha aplicado: el ritmo de llegadas y la falta de preparación técnica de las autoridades griegas (y de voluntad, critican instituciones y gobiernos) han hecho imposible registrar a esas personas, tomándoles las huellas, antes de que cruzaran la frontera rumbo al Norte. Conocen las reglas y saben que pueden jugar en su contra, porque a menudo no quieren quedarse allí.

El grueso de los demandantes de asilo han continuado su camino hacia Alemania y Suecia, los países que más solicitudes de asilo han procesado, sin preguntarles por dónde habían llegado. Devolver refugiados a Grecia es, además, ilegal desde que en el 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las condiciones de acogida no reúnen los requisitos mínimos. En agosto del 2015, Berlín decidió unilateralmente suspender la aplicación del controvertido artículo de Dublín para atender a los refugiados sin saltarse la ley.

El cambio clave que va a plantear la Comisión consiste en eliminar ese principio y sustituirlo por un sistema “más europeo”, y “un reparto de la responsabilidad”, afirma la institución. La formulación jurídica exacta del nuevo sistema no está decidida pero incluirá “una clave de distribución por la que los solicitantes de asilo serían casi automáticamente reenviados a un estado miembro”, ha avanzado el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, a la comisión de Libertades de la Eurocámara. Está por ver si Bruselas apuesta por un sistema plenamente europeo, con una ventanilla única de solicitudes de asilo (se presentarían en cualquier país de la UE, pero sería esta quien decidiría el destino final de cada persona) o si el reparto europeo se activaría cuando los sistemas nacionales se vean desbordados por una emergencia.

La propuesta puede encontrarse con fuertes resistencias. Un amplio grupo de países –del Este y el Báltico pero también España– se oponen a las cuotas obligatorias. La alternativa para descongestionar a Grecia e Italia fue un sistema voluntario, pero el plan, que ambiciona recolocar a 160.000 personas, no está funcionando: sólo 272 personas se han beneficiado de él.

Juncker calificó ayer de “inaceptable” que los demandantes de asilo no acepten ir a ciertos países (50 han rechazado ser enviados a Luxemburgo, dijo) y exigió a los gobiernos “aplicar los acuerdos alcanzados”. También Turquía debe cumplir lo pactado en noviembre y frenar las salidas, reclamó Mark Rutte, primer ministro de Holanda: “El tiempo se agota, necesitamos una reducción drástica del flujo de refugiados entre las próximas seis y ocho semanas”, reclamó como presidente rotatorio de la UE.