Como suele suceder cada vez que un presidente de Estados Unidos impone por decreto una medida controvertida sin el respaldo del Congreso, su suerte la acaba decidiendo la máxima instancia judicial del país. El Tribunal Supremo ha anunciado este martes que se pronunciará en los próximos meses sobre la decisión de Barack Obama de proteger a cerca de cinco millones de inmigrantes sin papeles de la amenaza de la deportación, una orden ejecutiva que firmó a finales del 2014 ante la imposibilidad de tramitar en el Capitolio su anhelada reforma inmigratoria por la oposición de la mayoría conservadora. Sus planes no tardaron en ser impugnados en los tribunales por más de una veintena de gobernadores republicanos. Los jueces les dieron la razón y, desde entonces, la orden de Obama era poco más que papel mojado.

El Supremo comenzará a estudiar el caso en abril y se espera que dicte sentencia en junio, antes de que sus magistrados se vayan de vacaciones. Para la Casa Blanca es la última oportunidad para dar un breve respiro a millones de inmigrantes antes de que Obama concluya su presidencia en enero del 2017 y mejorar un legado muy problemático pese a sus intentos fallidos de impulsar una regularización de millones de inmigrantes. Tenemos mucha confianza en los argumentos legales que expondremos ante el tribunal, ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, antes de añadir que el decreto de Obama no solo es constitucional sino que tiene un impacto positivo para la seguridad de numerosas comunidades alrededor del país. Pero le espera una cruenta batalla legal que versará sobre la separación de poderes y las atribuciones de los estados y el Gobierno federal.

Como han fallado los tribunales federales en tres ocasiones, hay límites a la autoridad del presidente y esos límites establecidos por el Congreso fueron rebasados cuando presidente decidió otorgar presencia legal a más de cuatro millones de ilegales, ha asegurado el fiscal general de Tejas, Ken Paxton. Los tribunales de su estado frenaron en primera instancia los planes de Obama.

El currículo de Obama en inmigración está marcado por una mezcla de buenas intenciones y una realidad draconiana. Más de dos millones de personas han sido deportadas desde el inicio de su presidencia, a un ritmo muy superior que el de sus predecesores. Las deportaciones se redujeron el año pasado sensiblemente, pero la alegría de las organizaciones de derechos humanos duró poco al trascender que los agentes de la Seguridad Interior lanzaron en diciembre una campaña de redadas para detener y expulsar a los inmigrantes centroamericanos que llegaron en el 2014 al país huyendo de la violencia y la pobreza en busca de asilo político, muchos de ellos mujeres y niños.