Dos semanas después de las agresiones masivas a mujeres cometidas presuntamente por un millar de hombres procedentes en su mayoría del norte de África y Oriente Medio, el giro radical en la política migratoria alemana empieza a palparse. Este sábado la policía de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, detuvo a 40 inmigrantes magrebíes, 38 de los cuales son sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país, e incluso uno de ellos estaba a punto de ser expulsado. Así lo explicaron ayer las fuerzas de seguridad alemanas, que registraron a un total de 294 personas durante la redada de seis horas en cafés, casinos y bares del barrio conocido como Pequeño Marruecos y cercano a la estación de tren de Düsseldorf.

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Unos 300 agentes participaron en el operativo, que según las autoridades no está relacionado directamente con los robos y agresiones sexuales de Nochevieja en Colonia y otras 12 ciudades alemanas. «Aun así, esperamos contar con indicios que puedan hacer avanzar las investigaciones» de lo ocurrido aquella noche, subrayó el responsable de la policía, al tiempo que insistía en que la redada estaba planeada desde el año pasado. Varios de los detenidos son sospechosos de comerciar con drogas y otro más de vender objetos robados; delitos muy comunes en el barrio del Magreb, transitado a menudo por carteristas y traficantes.

En una entrevista publicada por Bild, el presidente de la Oficina federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, aseguraba que los refugiados procedentes del norte de África, sobre todo de Marruecos, Túnez y Argelia, así como de los Balcanes son los que más delitos cometen entre la población extranjera. Un informe provisional de la policía cifra en 2.200 a los inmigrantes magrebíes acusados de cometer robos y delitos menores, más de la mitad son marroquíes.

Entretanto, el partido de la canciller alemana, la CDU, y su socio conservador de la CSU han llegado a un acuerdo para dejar de repartir a los refugiados llegados de Marruecos y Argelia en distintos lugares del país, y enviarles directamente a centros especiales, donde las expulsiones de aquellos que no tienen derecho a quedarse en el país se realizan por la vía rápida. Según el dominical Welt am Sonntag, que filtraba ayer los detalles del plan, la idea es que esta medida entre en vigor con la mayor celeridad, mientras Angela Merkel y los suyos esperan a recibir el apoyo de su socio socialdemócrata para poder incluir a los estados magrebíes en la lista de países de origen seguros; la misma en la que se encuentran, entre otros, Kosovo, Albania, y Montenegro.

«Sencillamente tenemos que cumplir de una vez lo que hemos prometido en vez de propagar cada día nuevas ideas», respondía el vicecanciller y líder del SPD, Sigmar Gabriel, quien sugirió incluso la posibilidad de reducir los fondos de ayuda económica a Argelia y Marruecos, si se niegan a dar cobijo de nuevo a los refugiados que hayan sido expulsados por Alemania. «A la larga sólo podremos mantener abiertas las fronteras si protegemos los límites exteriores de la UE», subrayó Gabriel.

Aunque se empeñe en querer demostrar lo contrario, la reacción del Gobierno responde a la creciente presión de la sociedad alemana, que vincula las agresiones de Nochevieja con la política de puertas abiertas de la canciller, que en 2015 trajo al país 1,1 millones de refugiados. El capítulo de Colonia ha provocado un repunte de la violencia ultraderechista y el auge de movimientos xenófobos como Pegida, que anunció marchas y concentraciones en ciudades de varios países europeos para principios de febrero. También entre la plana política aumentan las voces que piden a la canciller alemana que fije un límite máximo de llegadas. Las puñaladas le llegan a Merkel de sus socios y hasta de sus propios correligionarios, que dudan cada vez más que su mantra «lo lograremos» vaya a ayudar a lidiar con la incesante avalancha de refugiados.