A veces la delgada línea que une lo legal con lo ético es tan fina que se acaba rompiendo. Es lo que ha pasado con la propuesta del Gobierno danés, liderado por el liberal Lars Løkke Rasmussen, para frenar la llegada de demandantes de asilo y mantener calmada a la opinión pública.

El proyecto de ley, que será aprobado a final de mes en el Parlamento danés al contar con el apoyo de la mayoría (la alianza de conservadores y socialdemócratas), permitirá confiscar bienes a aquellos refugiados que porten objetos y fondos por más de 1.340 euros para costear sus gastos de alimentación y alojamiento.

Esta última vuelta de tuerca al endurecimiento de las condiciones de asilo en el país nórdico inquieta en Bruselas, a pesar de que evite hacer valoraciones públicas. «Evaluaremos la ley cuando se apruebe», aseguró el miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien no oculta su frustración por el caos y la falta de cooperación entre Estados miembro para gestionar la llegada de migrantes.

La cuestión es muy delicada para Bruselas por dos razones. La primera es que Copenhague se ha blindado con argumentos esgrimidos en casos similares por otros países de la UE para negarse a prestar ayudas sociales a ciudadanos comunitarios desplazados y sin medios para sobrevivir. Alegan que su estado del bienestar no puede soportar los costes de manutención de todos los demandantes de asilo. Son, en otras palabras, una carga para sus contribuyentes y no están dispuestos a asumirla. La medida es controvertida. Puede funcionar como golpe de efecto para persuadir a los refugiados pero en la práctica no se traducirá en un notable ahorro para las arcas pública.

El otro punto que alarma a la Comisión Europea es que se produzca un efecto dominó, como ya ocurrió con la restauración de los controles temporales en las fronteras internas del espacio Schengen y que siguen vigentes. La carrera por ver quién endurece más las condiciones de asilo ha puesto a Dinamarca en cabeza. Quiere evitar a toda costa el colapso que sufre Suecia por una política de acogida «generosa», a ojos del Gobierno danés.