La Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel promoverá la expulsión del país de los extranjeros condenados –incluidos los refugiados– como respuesta a las agresiones en Colonia, donde la policía se vio ayer forzada a disolver las manifestaciones convocadas por grupos de ultraderecha, incluido el movimiento anti islámico Pegida.

Los 1.700 agentes movilizados –en previsión de altercados y tras el anuncio de una contramanifestación– optaron por desautorizar las marchas tras los primeros actos de violencia, que fueron precisamente contra las fuerzas de seguridad, a las que se lanzaron botellas, petardos y cohetes. Pegida y el Partido pro Colonia habían convocado protestas por la ola de robos y agresiones sexuales a mujeres de la pasada Nochevieja y para reclamar la salida de Merkel del Gobierno. «Merkel es un peligro para el país», llegó a clamar uno de los representantes del movimiento islamófobo.

Horas antes, la canciller anunciaba tras la reunión de su partido en Maguncia un paquete de medidas para responder a los «actos criminales» de Colonia –que suman ya 379 denuncias–, mostrar a la ciudadanía que el Gobierno actúa y quitar abono al terreno de la extrema derecha.

Entre esas medidas figuran la pérdida del estatuto y deportación de los refugiados condenados, el endurecimiento de las penas y expulsión de criminales extranjeros y la introducción de controles aleatorios con independencia de que exista sospecha sobre una persona. «Es en interés de los alemanes, pero también de la mayoría de los refugiados que están con nosotros», dijo Merkel.

Entre el millar de hombres «de origen norteafricano y árabe» que robaron y agredieron sexualmente y de forma masiva a las mujeres el pasado Fin de Año había refugiados de Siria, Afganistán e Irak, según informes de la policía, además de marroquíes y argelinos. Respecto a estas dos últimas nacionalidades, Merkel dijo que «es necesario reflexionar» si Marruecos y Argelia no deberían ser considerados países de origen seguro, lo que impediría que sus ciudadanos solicitaran refugio en Alemania.

La canciller se hizo eco de la extrañeza que el caso de Colonia, la actuación policial y el tratamiento informativo dado han causado en la población, pero aseguró que no se ha ocultado nada. «Se irá hasta el final en la investigación de los hechos y habrá respuesta ahora y de cara al futuro. No vamos tolerar que personas a las que Alemania acoge atenten contra el Estado de Derecho».

Merkel adelantó que en los próximos días hablará con el ministro de Justicia, Heiko Mass, acerca de las leyes que han de modificarse y sobre los espacios legales a cubrir con otras normas. La canciller cuenta ya con el apoyo del jefe del SPD y vicecanciller, Sigmar Gabriel, para quien todos los extranjeros penados deben ser expulsados inmediatamente, incluso antes de cumplir condena.

Mientras, la sensación de inseguridad en las calles de Colonia y en otras ciudades aumenta, lo que ha disparado las ventas de artículos de defensa personal, especialmente de aerosoles de gas pimienta, un compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal.

«La gente, especialmente las mujeres, tienen cada vez más la sensación de que hay un déficit de seguridad que tienen que compensar», explica el director de la Federación alemana de Fabricantes y Distribuidores de Armas, Ingo Meinhard. Y no sólo el ciudadano de a pie. Policía. Según ha relatado Kai Prase, director de Defense Technology, un agente de policía acudió a su empresa, fabricante de aerosoles de pimienta, porque tenía la sensación de que su mujer e hija no estaban protegidas.

Sacerdotes y maestros del obispado de Ratisbona (Alemania) maltrataron y abusaron sexualmente de, al menos, 231 niños de la escuela del coro catedralicio que dirigió durante casi 30 años Georg Ratzinger, el hermano del antiguo Papa Benedicto XVI.

Ése el resultado provisional del informe que fue encargado por el obispado al abogado Ulrich Weber con la intención de esclarecer lo sucedido entre los años 1953 y 1992, una investigación que, aunque aún no está totalmente acabada, avala las denuncias por tortura, golpes y agresiones sexuales ya presentadas, y desvela un patrón de comportamiento y delito de grandes dimensiones.

Weber cree incluso que el número real de víctimas es superior, entre 600 y 700, lo que supondría que uno de cada tres niños del coro de la catedral de Ratisbona (sur de Alemania) en ese período de tiempo sufrió algún tipo de abuso o bien físico o psíquico.

El abogado responsabiliza fundamentalmente al director de la escuela adherida al coro de 1953 a 1992, Joham Meiers, que murió inesperadamente el pasado año. Weber da asimismo por hecho de que el hermano del antiguo Papa, Georg Ratzinger, estaba al corriente. Ratzinger fue el director musical de la catedral de Ratisbona entre 1964 y 1994.

La mayoría de los delitos consignados en el informe, en el que se habla de hasta 42 profesores y sacerdotes implicados en las agresiones, habría ya prescrito.

El caso de los abusos a los niños del coro catedralicio saltó a la luz pública en 2010, en relación con otras denuncias de abusos cometidas en el seno de las Iglesias Católica en Alemania, Austria y Bélgica, denuncias a las que la diócesis de Ratisbona respondió el pasado año ofreciendo a las 72 víctimas que por entonces se creía que había una compensación de 3.000 euros.