El proyecto europeo comienza este nuevo año envuelto en las tinieblas de un 2015 tumultuoso y en el que los gobiernos europeos han debido enfrentarse a incesantes frentes que aún continúan abiertos: la amenaza yihadista en pleno corazón de Europa, la crisis de refugiados que no amaina y divide a los socios europeos, la renqueante recuperación económica con el perenne interrogante de Grecia y el órdago de Cameron en forma de referéndum sobre la continuidad de Reino Unido en el club comunitario.

Los últimos sucesos en Colonia ponen a prueba el liderazgo de Merkel tanto en su propio país como en el seno de la Unión Europea en medio del auge de los partidos de extrema derecha. El letargo navideño no ha sido suficiente para disminuir las tensiones. La prueba más evidente ha sido la reunión de urgencia convocada el pasado miércoles en la sede de la Comisión Europea después de que Alemania, Suecia y Dinamarca hayan reintroducido controles fronterizos que ponen en tela de juicio, una vez más, la delicada salud del espacio sin fronteras Schengen. Un viraje que corresponde precisamente a dos de los socios tradicionalmente más generosos en su política de acogida (Berlín y Estocolmo) y que vuelve a enfrentar a los países de llegada como Italia y Grecia con sus socios del norte vistos como la tierra prometida para los refugiados.

El año 2015 se ha saldado con sonoros fracasos y tímidos avances. De los 160.000 demandantes de asilo que los gobiernos se comprometieron a redistribuir desde Italia y Grecia solo se han repartido 272 personas lo que supone apenas el 0,17%. Un reparto que el ejecutivo comunitario quiere convertir en un mecanismo permanente basado en cuotas vinculantes ante las reticencias de una mayoría de las capitales europeas que ven en esta iniciativa una pérdida sin precedentes de sus soberanía . Esta propuesta ha contado el rechazo frontal de los países del Este liderados por el ultranacionalismo del húngaro Viktor Orban y parece no haber marcha atrás con la vuelta en Polonia del conservador Lech Kaczynski.

La Comisión Europea tampoco lo tiene fácil con los países receptores. El 15 de diciembre desveló su propuesta para la puesta en marcha de una nueva agencia que pueda desplegar una fuerza de gendarmería europea que se encargue de la vigilancia de las fronteras exteriores europeas aún con la oposición del propio país interesado, si se demuestra que éste no quiere o no puede hacerse cargo de este cometido . Un paso adelante audaz cuya responsabilidad caería en manos del ejecutivo comunitario que pondría en marcha un mecanismo de votación con un representante técnico por país pero sin contar con los gobiernos europeos. Sólo una mayoría cualificada de veto podría impedir el despliegue de esta fuerza de gendarmería europea, lo que daría a Bruselas unos poderes insólitos hasta la fecha y que los gobiernos europeos pretenden rebajar.

Hasta ahora, Grecia se ha resistido con uñas y dientes a pedir ayuda europea en sus porosas fronteras exteriores sólo ha transigido a regañadientes con la activación del mecanismo de protección civil y el despliegue de fuerzas de intervención rápida. Una cesión que se produjo después de que la presidencia luxemburguesa pusiera la mesa la posibilidad de prorrogar hasta un total de dos años los controles fronterizos internos puestos en marcha por algunos estados europeos si no están debidamente protegidas las fronteras exteriores en lo que fue interpretado por la prensa internacional como una expulsión de facto de Grecia del espacio sin fronteras Schengen y un cuestionamiento de esta pérdida de irreversibilidad de este logro europeo. Mientras, los refugiados siguen llegando y la nueva política de buena vecindad con Turquía (control de los flujos de demandantes de asilo a cambio de 3.000 millones de euros y la aceleración de la posible entrada al club europeo) no han dado, al menos todavía, resultados tangibles.

A su vez, la falta de coordinación de los servicios secretos europeos y de sus fuerzas policiales vuelve a poner sobre el disparadero la capacidad de los socios para remar en la misma dirección. Como gran éxito, los gobiernos europeos llegaron a un acuerdo el pasado mes de diciembre sobre el intercambio de los datos de los pasajeros al realizar una reserva aérea, el denominado PNR por sus siglas en inglés (Passenger Name Record) con el propósito de luchar contra el yihadismo, una propuesta que llevaba enquistada casi una década.

A su vez, los Veintocho han acordado controles sistemáticos en las denominadas fronteras exteriores europeas tanto para los ciudadanos comunitarios como los de países terceros que impliquen el escaneado de los documentos de identidad para que éstos sean cotejados con bases de datos europeas y Bruselas también pretender una armonización mayor de la venta de armas. A su vez, la CE ha lanzado el debate para la puesta en marcha de una agencia de inteligencia europea capaz de subsanar los errores que han sonrojado y escandalizado a las opinión púbica europea y que podrían haber evitado la tragedia de París.

comisión europea