La Audiencia provincial de Bizkaia ha condenado a una abogada madrileña que ejercía en Bilbao y a su socio a cinco años de prisión por estafar a una veintena de inmigrantes , a los que les prometían trabajo y permiso de residencia, tras cobrarles cantidades de hasta 2.600 euros haciéndose pasar por empresarios. Incluso llegaban a formalizar los falsos contratos en la Seguridad Social.

Según considera probado la sentencia, que es firme, los hechos tuvieron lugar entre 2010 y 2012. Durante esos dos años, los acusados, «aprovechándose tanto de su credibilidad profesional como de la documentación de la que disponían de los empleadores, formalizaron contratos de trabajo con numerosos extranjeros a cambio de diferentes cantidades», según recoge el fallo judicial.

El dictamen desmenuza la compleja trama que los condenados, que ya contaban con antecedentes penales por estafa, urdieron para engañar a sus víctimas, inmigrantes que se encontraban «en una penosa situación económica», destacan los magistrados. Los acusados recibían a estas personas en sus despachos, donde se las arreglaban para que accedieran a entregarles el dinero, «porque confiaban en su condición de letrada, de la cual la acusada se valía».

Delito de deslealtad

Tras el cobro de las cantidades, que oscilaban entre los 500 y los 2.600 euros, los estafadores firmaban contratos falsos a nombre de empresarios reales -«a los que conocían debido a previas relaciones comerciales con ellos», y que, en realidad, desconocían que estaban siendo utilizados para tamaño fraude. De este modo, falsificaban la firma de los supuestos empleadores y más tarde llegaban a registrar los contratos falsos en la Seguridad Social, que a su vez se personó en la causa como acusación particular.

El Colegio profesional ejerció la acusación popular contra la letrada, inhabilitada por siete años y medio
A la luz de las pruebas, la sección sexta de la Audiencia vizcaína condenó a la abogada, madrileña, aunque ejercía en Bilbao y pertenecía al Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia que también se presentó como acusación popular en el juicio a cinco años, cuatro meses y quince días de prisión por un delito continuado de falsedad documental. También se le impuso una multa por un delito de deslealtad profesional y la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por un periodo de siete años y medio.

Para el otro acusado, que es de origen granadino, los jueces han dictado una condena de cinco años y cuatro meses por un delito de estafa. Además, según consta en la resolución de la Audiencia, ambos deberán indemnizar de forma conjunta a los extranjeros que han sido víctimas de su engaño con cantidades que varían entre los 500 y los 2.600 euros, sumas que se corresponden con los importes que habían estafado a cada uno de ellos, y los correspondientes intereses.