La propuesta eje de la polémica se ha incluido en un proyecto de ley con numerosas medidas para recortar los derechos de los solicitantes de asilo que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento este diciembre y que se debatirá en enero, informa Efe.

Ante las críticas que han llegado a comparar la confiscación de bienes de los refugiados con las prácticas nazis, el ministerio de Integración danés emitió el viernes un comunicado en defensa de su iniciativa.

Las autoridades danesas defienden que esa medida tiene como objetivo primordial garantizar la atención básica a todos los solicitantes de asilo que llegan al país.

En protesta por el proyecto legislativo, el eurodiputado Jens Rohde anunció que dejaba el Partido Liberal, que gobierna Dinamarca en minoría apoyado por el bloque de la derecha en el Parlamento, y que se unía a las filas del centrista Partido Social Liberal.

Para el Ministerio de Integración danés, en la actualidad los peticionarios de asilo están obligados a informar de los bienes que traen consigo y quienes tengan medios para mantenerse no reciben apoyo de los servicios públicos de inmigración.

La novedad del proyecto es que autoriza a las autoridades a registrar las ropas y el equipaje de los inmigrantes para buscar esos posibles bienes.

Si se aprueba la ley, a los inmigrantes les será confiscado el dinero en efectivo que supere las 3.000 coronas danesas (alrededor de 400 euros) y objetos que tengan un valor considerable, excluyendo aquellos que, como los relojes o los teléfonos móviles, sean necesarios para mantener “un estándar de vida modesto”.

Al presentar las líneas maestras de su proyecto el pasado noviembre, el Gobierno explicó que su objetivo era “hacer menos atractiva” Dinamarca para los solicitantes de asilo y evitar que se convirtiera en “un imán” para los peticionarios.

Rasmussen afirmó que la situación era insostenible y resaltó que Dinamarca había recibido ya 13.000 peticionarios este año, más que en todo 2014.