Tucson (EEUU), EFE La Operación Streamline, por la que miles de indocumentados son juzgados y sentenciados cada año en la frontera sur de EEUU, cumple hoy diez años bajo las críticas de ser un millonario negocio para las cárceles privadas.

El programa federal se inició en 2005 en Del Río, Texas; tres años después se extendió a Tucson, Arizona; y actualmente opera en seis de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México, menos en California.

Bajo la Operación Streamline, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) trabaja con abogados del Departamento de Justicia (DOJ) para procesar a quienes cruzan la frontera sin documentos, los cuales son acusados de un delito menor por el que deben pagar hasta 6 meses de prisión, y si reingresan ilegalmente, el delito se puede pagar hasta con 20 años de prisión.

Estimaciones de la Patrulla Fronteriza muestran que más de 279.000 personas se han enjuiciado desde diciembre del 2005 a marzo del 2014.

“La Operación Streamline es una violación de los Derechos Humanos y los conceptos básicos de justicia en este país, es una pérdida de dinero de los contribuyentes y no funciona”, dijo John Fife, miembro fundador del Movimiento Santuario en la Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson.

Fife sostuvo que el coste de este programa de encarcelamiento masivo es de un billón de dólares anuales. “La mayor parte de ese dinero va a las prisiones privadas”, indicó Fife.

En Tucson, entre 50 y 70 inmigrantes son presentados diariamente ante un juez para declararse culpables y ser sentenciados en una audiencia masiva que dura menos de dos horas. Todos los acusados, que están encadenados de pies y manos, son sentenciados a entre 30 y 180 días de cárcel.

En este aniversario del programa, varios activistas y opositores salieron hoy a la calle con carteles y muñecos para representar en una obra de teatro una audiencia de Streamline.

Los muñecos gigantes representaron al juez, los inmigrantes acusados, el intérprete, la abogada del gobierno e incluso el senador John McCaine.

Durante la presentación teatral realizada en las afueras de la corte federal, el juez preguntó a cada inmigrante, que suelen necesitar traductor por no entender inglés, si se declaraba culpable de haber cruzado la frontera ilegalmente.

Según los activistas, los sentenciados son deportados al finalizar su estancia en prisiones federales, operadas por empresas privadas en diferentes lugares del país y en muchos casos lejos de sus familias.