​Los pasaportes se cotejarán con mucho más rigor en los viajes de entrada y salida del área de libre tránsito para ‘cazar’ a los yihadistas europeos
La Comisión comenzó a uno de los debates más trascendentales, complejos, imprevisibles y polémicos en muchos años. La operación Salvar Schengen ya es una realidad. Por un lado, buscará cerrar el paso de los terroristas yihadistas extremando las medidas de seguridad imponiendo “controles sistemáticos” en aeropuertos, puertos o estaciones de ferrocarril. Y por el otro, proponiendo la creación de una Guardia Europea de Costas y Fronteras de 1.500 agentes de los 28 que sería capaz de desplegarse en 72 horas para gestionar situaciones de máxima emergencia (estaría encuadrada en una Agencia de nueva creación enmarcada en Frontex). Sonar, suena de fábula, el problema es que muchos Estados miembros no lo tienen nada claro y ellos, junto al Parlamento Europeo, son los que tienen que dar su plácet a la prolija batería de medidas aprobada por el Colegio de Comisarios en su reunión extraordinaria de Estrasburgo.
“En un área de libre circulación sin fronteras internas, la gestión de las fronteras exteriores tiene que ser una responsabilidad compartida. Si lo que sucede en un Estado afecta al resto, el problema es de todos. Hablamos de más Europa, no de quitar soberanía a nadie, sólo queremos ayudar”, remarcó el vicepresidente primero del Ejecutivo, Frans Timmermans. Su declaración no es casual ya que la propuesta, en última instancia, otorga a la Agencia el “derecho de intervenir” en un país “en situaciones urgentes que pongan en riesgo el funcionamiento del espacio Schengen”. Y hacerlo, he aquí el problema, incluso sin su autorización.
Consciente de la polémica generada, Timmermans matizó que “en ningún caso se impondrán agentes de fronteras extranjeros a un país. Es algo así como una red de seguridad. Estar preparados para poder actuar. En realidad, es muy improbable que un caso de este tipo pueda darse alguna vez, pero debemos estar preparados”. “Nada, repito, nada puede ocurrir sin la cooperación de un país afectado. No sustituimos las responsabilidades de los Estados miembros y definitivamente no su soberanía”, incidió el comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, que presentó la propuesta en el pleno de la Eurocámara, donde recibió un respaldo inicial mayoritario.
Europa tiene un grave problema con la gestión de los refugiados, como demuestra que en los once primeros meses del año hayan entrado de forma irregular 1,5 millones de personas. Todas las miradas están puestas en Grecia, que ha sido acusada de forma indirecta y no tan indirecta por sus socios de ser incapaz de gestionar el flujo migratorio y no establecer los mecanismos de control que obliga el Tratado de Dublín. El Gobierno de Atenas está desbordado, como demuestra el hecho de su reciente petición de ayuda a Frontex para que despliegue los equipos comunitarios de acción rápida, los llamados Rabit. Alexis Tsipras se había negado hasta el último momento, pero la presión ha sido enorme.
Respecto a la composición de esta Guardia de Costas, estaría formada por un mínimo de 1.500 agentes que deberán ser aportados por los 28 países de la Unión. Serán policías españoles, italianos, franceses o suecos, pero cuando se les requiere desde la nueva Agencia se pondrán la gorra con la bandera de la UE y trabajarán de forma coordinada en situaciones de emergencia que puedan darse en países como Grecia, cuyas islas son un verdadero descontrol. Por otra parte, proponen que Frontex duplique su plantilla actual hasta las mil personas en 2020, año para el que el presupuesto de la Agencia debería ser de 320 millones (hay que dotarla de medios propios desde un punto de vista material, no sólo humano). Controles sistemáticos Por otra parte y a petición de los Estados miembros, la Comisión presentó ayer una propuesta de modificación del Código Schengen para “introducir controles sistemáticos obligatorios de ciudadanos comunitarios en las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas”. Un procedimiento que sólo se usaba con personas de terceros países pero que ahora se ampliará a viajeros de la UE para extremar el control sobre los llamados combatientes extranjeros, jóvenes que se desplazan a Siria o Irak para enrolarse en el Estado Islámico. Los controles sistemáticos, además, no sólo serán a la llegada, también a la salida, para estrechar aún más el cerco.
Según explicó la Comisión, los controles se realizarán utilizando las bases de datos del Sistema de Información de Schengen, la de Interpol de documentos de viaje robados y perdidos, y los sistemas nacionales pertinentes con el objeto “de verificar que las personas que llegan no representan una amenaza para el orden público y la seguridad interna”. Asimismo, se deberá chequear los datos biométricos (huellas dactilares, por ejemplo) de los pasaportes considerados dudosos por las autoridades.
¿Cómo repercutirá esto en la vida diaria de los viajeros? ¿Qué diferencias habrá entre lo que sucede ahora y lo que sucederá dentro de unos meses? Ahora, ya se muestra el pasaporte cuando se viaja fuera del espacio Schengen. Los agentes le echan un vistazo rápido, ven que la foto corresponde con el usuario y la fila avanza. Lo que se pretende ahora es chequear el pasaporte con más atención, cotejándolo con bases de datos policiales. En el caso de que se formen las temidas colas, Bruselas propone que en casos excepcionales se puedan hacer controles selectivos (como ahora) y no sistemáticos para evitar posibles caos en los aeropuertos, tan dados a este tipo de situaciones. Hasta aquí la teoría, ahora llega la práctica.